Por: Redacción El Censal |Ciudad de México, México | 23 de abril de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la gentrificación y el incremento acelerado de las rentas se han convertido en uno de los principales desafíos urbanos en la capital del país, al tiempo que planteó como eje de solución la construcción de hasta 1.8 millones de viviendas durante su sexenio, como parte de una estrategia para garantizar el acceso a vivienda asequible.
Durante su posicionamiento, la mandataria admitió que el encarecimiento del suelo y de los inmuebles en la Ciudad de México ha alcanzado niveles críticos, al punto de que en algunas zonas resulta difícil encontrar un departamento por menos de 4 millones de pesos, una cifra que evidencia la desconexión entre el mercado inmobiliario y el ingreso promedio de la población.
El fenómeno de la gentrificación —que implica la transformación de zonas urbanas con la llegada de población de mayor poder adquisitivo y el consecuente desplazamiento de residentes originales— ha presionado especialmente a colonias céntricas, donde las rentas han aumentado de forma sostenida en los últimos años.
Ante este escenario, Sheinbaum señaló que su gobierno trabajará en coordinación con la administración capitalina para impulsar mecanismos que permitan regular el mercado de alquiler, evitando incrementos desproporcionados y garantizando condiciones más equitativas para los habitantes.
El eje central de la estrategia será la expansión de la oferta de vivienda social. El plan contempla la construcción masiva de viviendas con costos accesibles —alrededor de 700 mil pesos por unidad— dirigidas principalmente a sectores de bajos ingresos, con el objetivo de reducir el rezago habitacional y contener la presión sobre los precios.
Este enfoque se alinea con una política más amplia de vivienda a nivel nacional, que busca no solo incrementar la oferta, sino también regular el desarrollo urbano para hacerlo compatible con el derecho a la vivienda. La presidenta enfatizó que el crecimiento inmobiliario no debe frenarse, pero sí ajustarse a criterios de legalidad, planeación y acceso equitativo.
El contexto en la capital es particularmente complejo. Datos recientes señalan que millones de personas viven en renta y destinan una proporción creciente de sus ingresos al pago de vivienda, mientras que en algunas zonas los precios han aumentado hasta 30% en pocos años, reflejando un mercado altamente presionado.
Desde una perspectiva económica, el encarecimiento de la vivienda tiene efectos directos en el consumo, la movilidad laboral y la desigualdad. Cuando una mayor proporción del ingreso se destina al pago de renta, se reduce la capacidad de gasto de los hogares, afectando el dinamismo económico local y ampliando las brechas sociales.
Además, el desplazamiento hacia la periferia genera costos adicionales en transporte, tiempo y acceso a servicios, lo que impacta la productividad y la calidad de vida. Este fenómeno también presiona la infraestructura urbana y complica la planeación territorial.
En este escenario, la apuesta por construir más de un millón de viviendas no solo busca atender una demanda social, sino también estabilizar el mercado inmobiliario a través del aumento de la oferta. Sin embargo, especialistas advierten que el éxito dependerá de factores como la ubicación, el acceso a servicios y la coordinación entre niveles de gobierno.
Así, el reconocimiento de la gentrificación por parte del gobierno federal marca un giro relevante en la agenda pública: la vivienda deja de ser solo un tema social para convertirse en un eje estratégico de desarrollo económico y urbano, en un momento donde el acceso a un hogar digno se ha vuelto uno de los principales retos para millones de mexicanos.