Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 23 de octubre de 2026
El Gobierno de México busca adquirir y concluir el centro penitenciario de alta seguridad de Papantla, Veracruz, una obra que registra cerca de 90% de avance y permanece inconclusa después de más de dos décadas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitó realizar un avalúo para determinar cuánto costaría adquirir las instalaciones, terminar los trabajos pendientes y ponerlas en funcionamiento bajo un esquema distinto al de las antiguas asociaciones público-privadas (APP).
Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria explicó que la administración federal revisará los recursos destinados al proyecto y las condiciones contractuales antes de tomar una decisión definitiva. Para ello, pidió la intervención de Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de conocer el valor actual del inmueble y establecer contacto con la empresa responsable.
El aspecto financiero es central en esta operación. De acuerdo con información publicada por Al Calor Político, el contrato de asociación público-privada firmado en 2018 contemplaba un plazo de 22 años y un valor presente de 15 mil 817 millones de pesos, según la Cuenta Pública 2024. La cifra corresponde al valor contractual reportado, por lo que no debe interpretarse automáticamente como el monto que el Gobierno tendría que pagar actualmente para adquirir y concluir el complejo.
Los antecedentes también muestran la dimensión del gasto público involucrado. En marzo de 2024, autoridades federales informaron que se habían destinado más de 10 mil millones de pesos a la construcción sin que el penal estuviera terminado. El proyecto fue presentado públicamente en 2012, pero no llegó a operar como centro de reclusión. Su prolongada ejecución ha mantenido bajo escrutinio el uso de los recursos y las condiciones de los contratos relacionados con la infraestructura penitenciaria.
La propuesta de adquisición busca aprovechar una infraestructura ya construida en lugar de dejarla sin uso, aunque su viabilidad dependerá del resultado del avalúo, de las obligaciones pendientes y del costo adicional necesario para concluir las instalaciones. La presidenta señaló que la intención es establecer un modelo diferente al de las APP utilizadas en administraciones anteriores, en las que empresas privadas participaban en la construcción y operación de los centros mediante contratos de largo plazo.
El caso se vincula con la presión que enfrenta el sistema penitenciario mexicano por la sobrepoblación. El Gobierno federal anunció recientemente un plan para construir seis centros penitenciarios en distintas entidades, con una capacidad conjunta proyectada de hasta 18 mil 480 personas privadas de la libertad. La estrategia pretende ampliar los espacios disponibles y mejorar las condiciones de reclusión, con instalaciones que incorporen servicios de salud, educación, capacitación laboral y actividades deportivas.
Para Veracruz, la eventual conclusión del penal de Papantla tendría implicaciones presupuestarias y operativas. Por una parte, podría permitir aprovechar una obra de gran escala que lleva años sin prestar servicio; por otra, requerirá claridad sobre el costo de adquisición, las inversiones complementarias y los gastos futuros de operación y mantenimiento. Estos elementos serán determinantes para evaluar si la recuperación del inmueble representa una alternativa financieramente conveniente para el Estado mexicano.
La adquisición todavía no está concretada. El siguiente paso será conocer el avalúo y las condiciones que permitan negociar con la empresa responsable, además de establecer cuánto se ha pagado y qué compromisos continúan vigentes. El Gobierno federal ha señalado que el proceso deberá realizarse con transparencia, un aspecto clave para determinar el costo real de rescatar una infraestructura que acumula años de retraso y una inversión pública millonaria.