Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 19 de octubre de 2026
México enfrenta el reto de fortalecer sus finanzas públicas para atender los efectos del cambio climático, mientras los impuestos ambientales comienzan a ganar relevancia como una alternativa para financiar acciones de mitigación, restauración y protección de los ecosistemas. De acuerdo con un análisis publicado por Expansión el 18 de octubre, únicamente 18 de las 32 entidades federativas cuentan con al menos un impuesto ecológico y, para 2026, se estima que estos gravámenes generen alrededor de 3 mil 600 millones de pesos, equivalentes a cerca del 0.1% de los ingresos totales de los estados que los aplican.
La necesidad de ampliar estos mecanismos está relacionada con el costo económico de los fenómenos naturales. Según los datos citados en el análisis, durante 2023 los daños y las pérdidas asociados con desastres naturales en México alcanzaron los 88 mil 910 millones de pesos, una cantidad equivalente al 0.3% del producto interno bruto (PIB). Al mismo tiempo, las transferencias federales representan una parte considerable de los ingresos estatales, lo que limita la capacidad de los gobiernos locales para financiar sus propias políticas públicas.
Ante este panorama, el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México) y la Alianza por la Justicia Fiscal plantean fortalecer los instrumentos fiscales ambientales, mejorar su diseño y vincular la recaudación con resultados verificables. La propuesta contempla revisar los impuestos existentes, establecer mecanismos que incentiven la reducción de emisiones contaminantes y desarrollar capacidades técnicas para medir el impacto de estas medidas. Entre las actividades que pueden gravarse se encuentran las emisiones a la atmósfera, la extracción de materiales, las descargas contaminantes y la disposición de residuos.
En Veracruz, la discusión tiene implicaciones directas para las finanzas estatales y la política ambiental. El proyecto de presupuesto de ingresos para 2026 contempló 10 millones de pesos por concepto del impuesto por la emisión de contaminantes en el agua, de acuerdo con el documento publicado por la Secretaría de Finanzas y Planeación. Esta previsión muestra que la entidad ya cuenta con un instrumento de fiscalidad ambiental, aunque su alcance recaudatorio es limitado frente a las necesidades de prevención, saneamiento y recuperación de los recursos naturales.
El reto para Veracruz consiste en evaluar cómo fortalecer la aplicación de estos mecanismos sin generar cargas desproporcionadas y garantizando que las obligaciones fiscales correspondan al impacto ambiental de las actividades gravadas. Para ello, resulta fundamental mejorar la supervisión, contar con información confiable sobre las fuentes de contaminación y coordinar el trabajo de las autoridades ambientales y hacendarias. También es importante transparentar el destino de los recursos y establecer indicadores que permitan conocer los resultados de las inversiones.
La fiscalidad ambiental puede contribuir tanto a generar ingresos como a modificar conductas contaminantes, siempre que los impuestos estén diseñados para incentivar mejores prácticas y no se conviertan únicamente en un costo adicional para las empresas. En un estado con importantes recursos hídricos, actividad industrial, producción agropecuaria y una amplia diversidad de ecosistemas, fortalecer estos instrumentos representa una oportunidad para vincular la responsabilidad ambiental con la sostenibilidad de las finanzas públicas.