Mauricio Lascurain
Fernández
Es Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, en el Programa de Nueva Economía Mundial; Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Essex del Reino Unido y Licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana de Puebla.
El pasado 24 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México cumplió con el volumen mínimo anual de entrega de agua del Río Bravo a Estados Unidos. Se cerró el primer año del ciclo 37, conforme al Tratado de Aguas de 1944. El comunicado lo presentó como un logro diplomático. Lo fue. Pero lo que no dice el comunicado es a qué costo se logró y qué viene después.
El Tratado de 1944 establece que México debe entregar a Estados Unidos una tercera parte de los excedentes de seis ríos tributarios del Bravo, en ciclos de cinco años. El volumen confirmado por Washington fue de al menos 350 mil acres-pie, unos 432 millones de metros cúbicos. El problema es que esa agua se entregó en medio de una sequía extrema que lleva años golpeando la cuenca. Las presas están bajas. Los agricultores de Chihuahua y Tamaulipas llevan ciclos agrícolas reclamando que el agua que sale hacia el norte les hace falta para regar.
No es la primera vez que el agua del Bravo genera tensión. En 2020, agricultores de Chihuahua protestaron violentamente cuando el gobierno federal abrió compuertas para cumplir con el tratado. Hubo enfrentamientos con la Guardia Nacional. Una mujer murió. El conflicto se resolvió con promesas de infraestructura que no se cumplieron. En 2025, Trump amenazó en dos ocasiones con subir aranceles si México no entregaba el agua. Sheinbaum respondió con voluntad de diálogo, pero aclaró que el consumo humano y agrícola no se sacrificarían.
Lo que convierte al Tratado de 1944 en un problema contemporáneo es el contexto. Cuando se firmó, la cuenca del Bravo tenía agua suficiente para ambos países. Hoy no la tiene. La sequía no es coyuntural. Es estructural. Y el tratado no contempla mecanismos de ajuste por cambio climático. Las obligaciones de entrega son las mismas con lluvia que sin ella.
Mientras tanto, el agua se ha convertido en moneda de negociación geopolítica. Trump la usó como palanca arancelaria. México la usó como muestra de buena fe diplomática. Pero ninguno de los dos gobiernos ha puesto sobre la mesa lo que realmente se necesita. Una revisión del tratado que incorpore las condiciones actuales de la cuenca. Un mecanismo que permita ajustar los volúmenes de entrega cuando la sequía hace inviable el cumplimiento sin afectar a las comunidades mexicanas.
La Cancillería dijo que la gestión se llevó a cabo “sin comprometer el derecho humano al agua potable”. Habrá que preguntarles a los agricultores del norte si están de acuerdo. Porque cumplir un tratado de hace 82 años al pie de la letra, en condiciones que ese tratado nunca imaginó, no es diplomacia responsable. Es inercia con buenas intenciones.