A partir del 25 de julio y hasta el 7 de agosto de 2025, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) llevará a cabo una subasta pública electrónica de bienes asegurados, entre los que figuran propiedades incautadas a exgobernadores de Veracruz y sujetos ligados al crimen organizado.
La directora general del INDEP, Mónica Fernández Balboa, informó que el catálogo incluya 218 inmuebles —varias residencias, terrenos y ranchos— con valores que oscilan entre 15 y 20 millones de pesos cada uno. Además, se ofertarán 145 429 bienes muebles, entre autos y camionetas de lujo, joyas y otros objetos de alto valor.
Durante la conferencia matutina, Fernández Balboa y la presidenta Claudia Sheinbaum abordaron las restricciones legales vinculadas a la protección de datos personales, lo cual impide revelar necesariamente los nombres de los exfuncionarios vinculados. No obstante, confirmaron que algunos de los inmuebles subastados pertenecieron a exgobernadores de Veracruz.
El valor estimado para una de esas residencias es de 15 millones de pesos, y, de acuerdo con declaraciones en la mañanera, se está evaluando la posibilidad de dar a conocer los nombres si la normatividad lo permite .
Este ejercicio marca la primera subasta del INDEP bajo la administración de Sheinbaum, en cumplimiento del mandato del organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, cuyo objetivo es vender bienes improductivos para canalizar recursos a programas sociales.
El proceso busca ofrecer transparencia y reforzar la legitimidad de los decomisos, muchos de origen judicial y provenientes tanto del crimen organizado como de casos de corrupción política.
La subasta se realizará en formato electrónico, lo que permitirá la participación desde cualquier punto del país, con un catálogo accesible en la página del INDEP a partir del 25 de julio.
La oferta de bienes inmuebles y muebles —desde residencias y terrenos hasta vehículos de lujo y joyas— plantea, por su valor, una oportunidad para inversionistas, compradores privados y organizaciones interesadas en adquirir bienes a precios inferiores al mercado.
Finalmente, este ejercicio plantea un ejercicio de rendición de cuentas sobre bienes asegurados a exfuncionarios y actores del crimen organizado. Además, refleja la estrategia gubernamental de reutilizar esos recursos en inversión social, contribuyendo a la percepción de combate a la impunidad y a la corrupción.