Xalapa, Ver.— El diputado Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, reveló que empresas o despachos contables externos continúan ofreciendo servicios para “limpiar” las cuentas públicas de municipios veracruzanos, con promesas de resolver irregularidades detectadas por la auditoría fiscal del año 2022.
Bautista Hernández aseguró disponer de pruebas, incluyendo audios, en los que se contactó a una alcaldesa alertándole sobre presuntos desvíos millonarios de 2022, al tiempo que le ofrecían asistencia para resolverlos. Él destacó que dicha presidenta municipal respondió con firmeza: “Voy a esperar a ORFIS y resulta que el ORFIS no le detecta ningún detalle”.
El legislador enfatizó que, si bien él tiene conocimiento de estas prácticas, no corresponde al Congreso ni a él realizar denuncias penales, sino que esa responsabilidad recae en los municipios afectados y en la Fiscalía que corresponda: “yo no voy a golpear a los compañeros”, declaró.
En contextos previos, Bautista Hernández ya había advertido sobre la irregularidad de prometer resultados extraordinarios para sanear cuentas públicas, subrayando que “ningún diputado debe prometer ‘limpiar cuentas’ a alcaldes” y que la Comisión de Vigilancia debe actuar con total transparencia.
Contexto político y riesgo institucional
La oferta de supuestos servicios para desviar auditorías representa un riesgo de corrupción y presión indebida sobre autoridades municipales que buscan legitimidad ante órganos como el ORFIS.
Los despachos externos que realizan estas ofertas actúan al margen del marco legal, y podrían generar responsabilidades legales para los funcionarios que acepten sus servicios.
Desde el Congreso se han impulsado mecanismos de supervisión más rigurosos, pero las acciones de defensa y denuncia siguen recayendo principalmente en las autoridades municipales afectadas.
Propuestas y desafíos legislativos
Sin caer en evaluaciones meramente retóricas, Bautista sugirió que una mayor coordinación entre ORFIS, la Fiscalía General del Estado y las autoridades locales sería clave para inhibir este tipo de prácticas.
Además, demandó a los municipios que sospechen de estas propuestas que actúen: presentar denuncias formales, recopilar evidencias y fortalecer su autonomía en materia contable, en vez de recurrir a terceros no regulados.
