Washington, 18 de agosto de 2025 – La administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo conversaciones para adquirir una participación del 10 % en Intel, lo que situaría al gobierno estadounidense como el mayor accionista del fabricante de semiconductores.
Estrategia: subvenciones convertidas en acciones
El plan contempla la conversión de los fondos entregados bajo la Ley CHIPS and Science Act —por un monto estimado en 10 500 millones de dólares— en acciones de Intel. De prosperar, esta operación marcaría un giro inédito en la intervención gubernamental en el sector tecnológico.
Reacciones en los mercados
La noticia generó una reacción inmediata: las acciones de Intel experimentaron una subida semanal récord desde febrero, aunque luego cerraron con una caída del 3,75 %, cotizando alrededor de 23,64 USD por acción. Otros medios reportaron descensos del 3 % al 5 % tras la divulgación de la información. Según distintos reportes, las acciones llegaron a subir hasta un 7,4 % por la expectativa de apoyo federal, mientras que otros cálculos resaltaron un alza del 7,4 % en el día y un 4,6 % extra tras el cierre.
Contexto corporativo
Intel enfrenta un entorno desafiante: ventas estancadas, pérdidas recurrentes y un notable atraso tecnológico frente a competidores como TSMC y Samsung. El nuevo CEO, Lip-Bu Tan, ha implementado recortes de costos y personal, aunque aún no logra una recuperación robusta.
El encuentro entre Trump y Tan en la Casa Blanca contribuyó a suavizar tensiones previas: inicialmente Trump había exigido la renuncia del CEO por supuestos vínculos con China, pero tras la reunión elogió su “historia asombrosa”.
Implicaciones estratégicas
Esta posible inyección estatal reflejaría una estrategia más agresiva —y poco convencional— del gobierno para retomar la iniciativa industrial y tecnológica en EE. UU. La potencial adquisición accionaria amplía el papel del Estado más allá de subsidios o incentivos fiscales, hacia una herramienta directa de propiedad e influencia empresarial.
Analistas advierten que, si bien el apoyo financiero podría apuntalar la construcción de la prometida megaplanta de chips en Ohio y reforzar la soberanía tecnológica, también abre debates sobre la línea entre política industrial legítima y exceso de control gubernamental en empresas privadas.
