José Guadalupe Altamirano Castro
Licenciado en Pedagogía y Licenciado en Derecho, Maestro en Administración Pública, Maestro en Derecho Procesal Penal, Doctor en Derecho. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Nivel 1. Miembro del Padrón de Investigadores del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEYCIDET). Actualmente es Profesor-Investigador de El Colegio de Veracruz.
Gobiernos Profesionales
La modernización administrativa como paradigma teórico se puede dilucidar desde dos amplios campos de análisis, a saber, la teoría del nuevo institucionalismo económico y la teoría de la elección pública. Explicar ambas teorías contribuirá a entender de manera más clara el comportamiento de los gobiernos y como consecuencia comprender el comportamiento de las personas que los integran (servidores públicos) con el fin sustancial de volverlo más efectivo y menos costoso con las bondades que brinda la modernización administrativa.
La modernización administrativa tiene como una de sus principales características el uso de un enfoque neoinstitucional en el análisis del impacto de las políticas públicas en el comportamiento de los individuos. La economía de los derechos de propiedad y costos de transacción, conocida también como la nueva economía institucional o neoinstitucional, tuvo un origen modesto a finales de la década de 1950.
Esta teoría tiene sus fundamentos en la temática organizacional sobre el comportamiento humano enfocado al análisis de la estructura de los derechos de propiedad y las transacciones y su influencia en los incentivos y en el comportamiento económico de las organizaciones. Lo anterior implicará que con este enfoque teórico se pueda analizar la estructura de la administración pública de tal suerte que pueda generarse una explicación de corte económico sobre su funcionamiento y operación actual.
Dicha perspectiva sostiene tres elementos inherentes al modelo de administración pública, según lo expuesto por Esteban Moctezuma Barragán, postulados que se convierten en axiomas dentro de la modernización administrativa:
Primero, la modernización administrativa reinterpreta el papel de los intereses que los funcionarios públicos tienen dentro del gobierno, partiendo del supuesto de que un análisis del funcionamiento del gobierno deberá originarse en un individualismo metodológico; es decir, en una evaluación de la situación y los incentivos que afecten a las personas que integran el gobierno.
Segundo, en lugar de considerar que los funcionarios públicos tengan como prioridad maximizar la función objetivo del gobierno, se considera que los burócratas son actores racionales que buscan maximizar sus beneficios personales.
Tercero, con objeto de modelar con mayor veracidad las condiciones del mundo real de las instituciones, la modernización administrativa sustituye el supuesto de “racionalidad completa” con el de que los individuos cuentan con una capacidad limitada para reunir y analizar información (Moctezuma, 1999)
Un individuo completamente racional puede prever lo que sucedería al evaluar y elegir en forma óptima entre las diferentes acciones que se le presenten, todo ello en un abrir y cerrar de ojos y sin costo. En cambio, un individuo limitadamente racional trata de maximizar, pero le resulta costoso hacerlo; al ser incapaz de prever todas las contingencias y consciente de dicha incapacidad, toma providencias ex ante para un tiempo ex post, cuando haya de presentarse una contingencia imprevista.
Finalmente, la modernización administrativa considera que, además de incorporar el concepto de racionalidad limitada, es necesario prever la posibilidad de que algunos contratos incompletos no se cumplirán por dolo de alguna de las partes, ya que es posible que algunos funcionarios públicos no sean honrados y que, de manera deliberada, busquen distorsionar u ocultar información relevante para la toma de decisiones con objeto de maximizar su interés propio con mala fe.
En resumen en lo referente a éste paradigma teórico se puede entender que , la administración pública está ante la posibilidad de estructurar organizaciones burocráticas en las que exista claridad y transparencia en la definición de tres elementos sustanciales: el establecimiento de los derechos de propiedad, la reducción de los costos de transacción, así como fijar los incentivos para los servidores públicos a efecto de que puedan generar satisfacción en la sociedad mediante la prestación de bienes y servicios de manera eficiente y oportuna.
Fuentes de consulta:
Moctezuma, B. E. y Roemer A. (1999), Por un gobierno con resultados, el servicio civil de carrera: un sistema integral de profesionalización, evaluación y desempeño de los servidores públicos en México. Fondo de Cultura Económica.
