Ciudad de México; 21 de enero de 2026.- El diseño y conceptualización de Olinia, el vehículo eléctrico impulsado por el gobierno federal como parte de su estrategia de movilidad sustentable, fue adjudicado a una empresa de telefonía celular sin experiencia previa en la industria automotriz, de acuerdo con una investigación periodística publicada por El CEO.
Documentos oficiales muestran que Rocketel, S.A.P.I. de C.V., operadora de la marca Mi Móvil, recibió un contrato por 5.9 millones de pesos, monto que representa cerca de una cuarta parte del presupuesto asignado al proyecto durante 2025.
El contrato contempló la elaboración del diseño conceptual del vehículo, coordinación de investigación entre dependencias públicas, definición de lineamientos técnicos y desarrollo de la identidad del proyecto, pese a que la empresa no cuenta con antecedentes en electromovilidad ni manufactura automotriz.
La adjudicación se realizó mediante un proceso de invitación restringida, a cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), sin una licitación pública abierta. Las compañías invitadas tampoco acreditaron experiencia directa en el desarrollo de vehículos eléctricos.
Rocketel pertenece a empresarios del sector de telecomunicaciones con vínculos históricos en empresas como Maxcom y 4 Play Telecom. Sin embargo, su objeto social no incluye actividades relacionadas con ingeniería automotriz, diseño industrial vehicular o producción de unidades eléctricas.
La investigación también identifica que la empresa compartía domicilio con una razón social relacionada con el director del proyecto Olinia, situación que ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para la asignación del contrato.
Aunque en agosto de 2025 se anunció que el diseño final del vehículo sería presentado en septiembre, dicho evento no se concretó. Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existe un diseño preliminar, pero que el prototipo físico aún no ha sido construido.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el proyecto prevé contar con una flotilla piloto hacia junio de 2026, como paso previo para definir su viabilidad industrial, costos de producción y posibles alianzas con el sector privado.
El caso ha reabierto el debate sobre la planeación, transparencia y viabilidad técnica de los proyectos estratégicos de electromovilidad impulsados por el gobierno federal, particularmente en un contexto de restricción presupuestal y creciente competencia internacional en la industria automotriz eléctrica.
