Ciudad de México, 8 de abril de 2026.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó un precedente relevante para los derechos digitales en México al resolver que AT&T deberá indemnizar a una usuaria afectada por el robo de su línea telefónica mediante la modalidad conocida como SIM swapping. La decisión concluyó que la empresa incurrió en una conducta negligente al no resguardar adecuadamente los datos personales vinculados al proceso de sustitución de la tarjeta SIM.
El caso se originó después de que la víctima, quien había migrado su servicio a AT&T en 2019, comenzara a detectar movimientos bancarios no reconocidos, cambios de contraseñas y la pérdida súbita del servicio de telefonía. Más tarde supo que su tarjeta SIM había sido reemplazada en Chihuahua, pese a que ella residía en la Ciudad de México. A partir de ello promovió una demanda civil al considerar que la compañía no verificó debidamente la identidad de la persona que solicitó el cambio de línea.
El fondo de la resolución va más allá de un conflicto entre una usuaria y una telefónica. En el proyecto del amparo directo 25/2024, la Corte desarrolló que el SIM swapping constituye una práctica delictiva mediante la cual un tercero toma control de un número telefónico para recibir llamadas, mensajes y códigos de autenticación, lo que puede abrir la puerta a accesos no autorizados a cuentas bancarias, correos electrónicos y plataformas digitales. El máximo tribunal subrayó que las concesionarias de telefonía tienen un deber de cuidado reforzado, justamente porque administran un elemento que hoy funciona como llave de acceso a información íntima, patrimonial y personal.
Durante la discusión, se sostuvo que una sustitución de SIM sin consentimiento vulnera la confianza y estabilidad de la persona afectada, y que no se trata de un simple engaño técnico, sino de una intrusión profunda en su esfera privada. En la misma resolución, la Corte también señaló que la conducta de la empresa tuvo efectos psicológicos sobre la víctima, aun si la compañía no fue directamente responsable del uso posterior de toda la información sustraída.
Otro elemento que dio peso al fallo fue el reconocimiento de que el fenómeno no es aislado. De acuerdo con datos oficiales citados en el proyecto, en el portal Soy Usuario se identificaron 17 casos en 2023 y 19 entre enero y octubre de 2024. Además, la Guardia Nacional registró 916 incidentes por suplantación de identidad en 2021, 899 en 2022 y 1,078 en 2023, lo que evidencia una tendencia creciente en delitos vinculados a la identidad digital.
La resolución también introdujo una dimensión de género. Por mayoría, los ministros determinaron que el Ministerio Público revise la actuación de la empresa ante posibles elementos de violencia de género contra la víctima, mientras se insistió en que este tipo de casos debe analizarse con perspectiva de género, particularmente cuando involucran violencia digital y vulneración a la privacidad.
Para el sector telecomunicaciones, el mensaje de la Corte es contundente: las compañías no sólo venden conectividad, también custodian un nodo crítico de identidad digital. El fallo contra AT&T anticipa un estándar más estricto en autenticación, reposición de SIM y protección de datos, justo en un entorno donde el teléfono móvil se ha convertido en la puerta de entrada a servicios financieros, redes sociales y expedientes personales. En adelante, la negligencia en estos procesos podría traducirse no sólo en daño reputacional, sino en responsabilidad civil directa.