Román Humberto González Cajero
México ha dado, posiblemente, uno de los pasos más grandes en materia de educación digital en este 2026. Esto no es algo nuevo; es una tendencia a nivel global que ya está siendo implementada en más de un país en el mundo.
Los Estados se dieron cuenta de los beneficios y las ventajas que nos proveen las nuevas tecnologías en nuestras vidas, las cuales serán cada vez más parte esencial, hasta indispensable, de cada ser humano. Pero esta arista también abre una incógnita complicada, que pone en juego derechos humanos e incluso el desarrollo personal de los menores de edad: niñas, niños y adolescentes.
¿Cómo se vive la tecnología para las nuevas generaciones?, ¿qué implicaciones y modificaciones conllevan los avances tecnológicos en esta sociedad que representará la nueva realidad de nuestro mundo?
Porque, si bien el acceso a la información y a la tecnología es indispensable para desarrollarnos como seres humanos, no deberíamos poner en riesgo ese desarrollo al abusar de ellas desmedidamente. Y menos aún en la población infantil, que sigue siendo dependiente, manipulable y en proceso de aprendizaje hasta su formación como personas independientes.
Un grupo de menores sin dirección se convierte en un grupo de personas con tendencias, más que con valores; con autosatisfacción, más que con desarrollo personal. Y un territorio sin jóvenes con una identidad aún consolidada se convierte en un futuro inestable y no autosuficiente.
Una de las preguntas que esta nueva reforma nos trae es la siguiente:
¿puede el Estado decidir y elegir sobre las personas el cómo y cuándo usan las tecnologías de la información?
¿Debe el Estado intervenir en la relación entre los menores y la tecnología?
En este sentido, el derecho es claro: la infancia no es un espacio de plena autonomía.
A diferencia de un adulto, el infante se encuentra en una etapa de desarrollo y autoconocimiento, sujeto a una constante evolución. Por ello, los sistemas jurídicos han buscado establecer e implementar mecanismos para asegurar el desarrollo sano de cada individuo menor de edad.
Esto se ha denominado, en instrumentos internacionales, como el interés superior de la niñez, principio que consiste en garantizar a niñas, niños y adolescentes condiciones adecuadas para su desarrollo integral, sin alteraciones que comprometan su evolución.
Bajo este principio, el Estado no solo puede intervenir: debe hacerlo.
Puede limitar, restringir e incluso prohibir, siempre que el objetivo sea proteger ese desarrollo. Por ello, la pregunta ya no es si el Estado puede intervenir, sino hasta dónde debería hacerlo.
Porque restringir el uso de celulares en horarios escolares, con el objetivo de reducir la distracción y fortalecer el aprendizaje, parece una medida razonable. Pero esto no debería centrarse únicamente en limitar, sino también en enseñar el uso responsable de estas tecnologías.
Y esa responsabilidad no recae solo en las escuelas o en el Estado, sino también en los padres de familia.
Porque si bien vivimos en la era de la tecnología, también vivimos en una época donde la educación comienza a delegarse en dispositivos electrónicos. Los padres, en muchas ocasiones, prefieren evitar la incomodidad del llamado de atención o de la corrección, sustituyéndola por el uso de la tecnología.
Así, los menores aprenden que pueden distraerse, portarse mal o evadir responsabilidades, y aun así ser recompensados. Esto no va de castigar a los niños ni de justificar medidas agresivas. Pero sí habla de una falta de dirección en la educación familiar.
Porque la educación digital ya no depende únicamente de las escuelas o del Estado, sino también de los padres. Cada omisión, cada permisividad, refuerza un patrón cada vez más visible en niñas, niños y adolescentes: la idea de que la tecnología sustituye la guía.
No se trata de privarlos completamente de su acceso, sino de entender que la responsabilidad no puede recaer únicamente en el Estado o en los docentes.
Los padres no deben endurecerse más, pero sí ser conscientes de que la falta de guía y corrección genera una población más vulnerable, más manipulable y con menor claridad de identidad.
Y un país que aspira a formar generaciones capaces de transformar su futuro necesita algo más que tecnología: necesita valores, dirección y acompañamiento. La tecnología, en buenas manos, puede revolucionar. Pero también puede desorientar, manipular y transformar la naturaleza social del ser humano.
Por eso vale la pena preguntarnos:
si la modernidad digital ha transformado incluso a los adultos, ¿qué está haciendo con los menores?
¿Dónde deja a quienes aún dependen de nosotros?
Esa es la incógnita que debemos plantearnos. No como legisladores, no solo como juristas, sino como sociedad. Porque el lugar en el que dejemos a niñas, niños y adolescentes hoy, será el país que tendremos mañana