Por: Redacción El Censal | Ciudad de México, México | 17 de abril de 2026
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, alcanzó un acuerdo con empresarios, productores y cadenas comerciales para contener la inflación en alimentos, destacando el compromiso de mantener el precio de la canasta básica en 910 pesos, como parte del fortalecimiento del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).
El acuerdo, resultado de reuniones en Palacio Nacional, busca estabilizar el costo de 24 productos esenciales que integran este paquete, diseñado para cubrir el consumo semanal de una familia promedio, en un contexto donde los precios de alimentos han mostrado presiones al alza en los últimos meses.
Además de mantener el precio de la canasta, el pacto contempla reducciones en productos clave que han impulsado la inflación reciente, particularmente alimentos perecederos como el jitomate, así como ajustes en el precio de la carne. Empresas del sector alimentario, como SuKarne, anunciaron disminuciones de hasta 5% en algunos productos, con la expectativa de que más actores se sumen progresivamente.
Otro punto relevante del acuerdo es el compromiso de no incrementar el precio de la tortilla, uno de los alimentos más consumidos en México, pese a las presiones inflacionarias en la cadena productiva. Representantes del sector han respaldado esta medida, señalando que el precio del maíz se mantiene estable y permite sostener los costos actuales.
La estrategia forma parte de una política económica más amplia que prioriza la coordinación entre gobierno y sector privado para evitar aumentos generalizados en precios, en lugar de recurrir a controles directos. Este enfoque retoma esquemas históricos de concertación económica en México, adaptados al contexto actual de mercados abiertos y cadenas globales.
En paralelo, el gobierno ha impulsado otras acciones complementarias, como subsidios a combustibles, mejora logística en distribución de alimentos y vigilancia de precios por parte de autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de las familias.
Desde una perspectiva económica, el acuerdo representa un intento por contener la inflación en uno de sus componentes más sensibles: los alimentos. En marzo de 2026, la inflación anual se ubicó alrededor de 4.5%, impulsada principalmente por productos agropecuarios y energéticos, lo que ha generado presión sobre el gasto de los hogares.
Para estados como Veracruz, donde el consumo de productos básicos tiene un peso importante en la economía familiar, este tipo de acuerdos puede contribuir a estabilizar precios en el corto plazo y evitar impactos mayores en sectores vulnerables.
En este contexto, el pacto entre gobierno y empresarios busca consolidar un frente común para enfrentar la inflación, combinando disciplina en precios, coordinación productiva y medidas de apoyo, en un escenario económico global marcado por volatilidad en energéticos, alimentos y cadenas de suministro.