Edgar Sandoval Pérez
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Los desastres naturales son de las peores externalidades que pueden experimentar los seres vivos. Son eventos fuera del control humano y, en muchos casos, solo la propia naturaleza puede contenerlos. Ejemplo de ello son los huracanes, que aunque devastadores, tienden a autorregularse. Otros, como los incendios, si bien pueden tener origen natural, también son provocados por actividades humanas, y es esta misma humanidad la que puede –y debe– contenerlos.
Este 2025 ha sido especialmente crítico en materia de incendios forestales. De acuerdo con datos preliminares de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), hasta abril se han registrado más de 3,720 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando cerca de 312,352 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 5% corresponde a vegetación arbórea y el 95% a vegetación herbácea y arbustiva.
Si bien el año 2021 fue uno de los más devastadores en cuanto a extensión quemada (con 660,735 hectáreas afectadas por 7,337 incendios), la tendencia en 2025 apunta a un aumento preocupante en frecuencia y severidad. Esto no solo pone en riesgo la biodiversidad y el suelo, sino también a las poblaciones humanas cercanas.
Entre los principales impactos económicos de los incendios están los costos directos de la extinción, que incluyen el uso de motos, camiones, helicópteros, aviones, brigadas y equipo especializado. Estos costos varían según la ubicación, el tipo de terreno y la duración del incendio. Por ejemplo, en instalaciones industriales el costo inicial por control de siniestro puede oscilar entre $18,000 y $60,000 pesos, dependiendo del espacio, materiales y grado de afectación.
Según estimaciones internacionales, controlar un incendio forestal puede costar entre $350 y $700 pesos por hectárea, aunque estos montos pueden aumentar por factores como la inaccesibilidad del terreno o la presencia de vientos intensos. A esto se suman las pérdidas indirectas: deterioro del aire, afectaciones a la salud respiratoria, pérdida de biodiversidad y el costo a largo plazo en servicios ecosistémicos.
Más allá de lo económico, existen dimensiones sociales y ecológicas invaluables. Para muchas comunidades, un incendio implica perder su tierra, su patrimonio y su forma de vida. Para otros, lamentablemente, representa una oportunidad de especulación o ganancia (por ejemplo, mediante el cambio de uso de suelo). Este doble rostro del problema exige mayor vigilancia y sanciones ejemplares.
También hay consecuencias sobre la fauna silvestre. La cantidad de especies afectadas en cada evento es incalculable, y muchas veces se pierden de forma irreversible. Los responsables, en su mayoría, quedan impunes, lo que favorece la repetición del delito ambiental.
Finalmente, el cambio climático y los incendios están profundamente conectados. Las emisiones derivadas de incendios alimentan el calentamiento global, lo que a su vez hace más frecuentes y severos estos eventos. Las olas de calor extremo y la mala calidad del aire que ya afectan ciudades como Monterrey, Guadalajara o Xalapa, son señales de alerta.
Este 2025 debe ser un punto de inflexión. La prioridad no debe ser solo apagar incendios, sino prevenirlos. Y para ello se requiere inversión, legislación más estricta, vigilancia comunitaria y sobre todo, una cultura colectiva de respeto al entorno. Cuidar los bosques no es un asunto de ecologistas: es una medida de supervivencia.
