Rafael E. Hernández Rodríguez
Economista de profesión, Maestro en Administración Pública y Doctorante en Investigaciones Económicas y Sociales. Temas de interés desigualdad, economía de la salud, sector público
Recientemente, en las noticias se ha informado sobre un alza en los contagios de sarampión, una enfermedad transmisible que hasta el sexenio anterior se encontraba controlada. En la actualidad, estos incrementos se atribuyen a la falta de asignación de insumos en salud, como son las vacunas, lo que ha propiciado una mayor fragilidad social. De acuerdo con Mario Luis Fuentes, la vulnerabilidad puede comprenderse como la capacidad de ser herido. En este sentido, ante la propagación de un virus como el sarampión, resulta fundamental plantear la siguiente pregunta: ¿Quién es mas vulnerable?
Esta interrogante no puede limitarse solo a factores biológicos, sino a la necesidad de identificar las condiciones estructurales como la pobreza , la desigualdad en el acceso a la salud y las disparidades sociales. En la actualidad, esta vulnerabilidad ya no solo limita a la población infantiles, cominudades marginadas o grupos sociales que historicamente se han enfrentado a barreras estructurales tratando de ejercer su derecho de salud.
Desde esta perspectiva, la reaparición de una enfermedad prevenible como el sarampión evidencia no solo un problema sanitario, sino también una falla institucional. Tal como plantea Fuentes, la ausencia o debilitamiento de los “palacios del pueblo” —entendidos como las instituciones públicas encargadas de garantizar el bienestar social— incrementa la exposición de ciertos grupos sociales a riesgos evitables, profundizando las desigualdades existentes.
En este contexto, la vulnerabilidad frente al sarampión se manifiesta con mayor intensidad en aquellos grupos que enfrentan condiciones de pobreza, exclusión social y acceso desigual a los servicios de salud. La insuficiente cobertura de vacunación no solo refleja carencias en la asignación de recursos, sino también fallas en la capacidad del Estado para proteger a la población más expuesta.Por ello, analizar quiénes son los más vulnerables ante la propagación del sarampión implica reconocer que la enfermedad actúa como un indicador de la fragilidad institucional y de la persistencia de brechas sociales en el ejercicio del derecho a la salud.
En México, en administraciones anteriores, la asignación de estos recursos se desarrollaba a través de dos vías: tanto la pública como la privada, lo que contribuia a una reducción más rápida de esta enfermedad, particularmente entre los sectores de la población que contaban con los recursos económicos para adquirir la vacuna. Si bien es cierto que la desigualdad no puede medirse únicamente a partir del ingreso que una persona obtiene, también debe considerarse el acceso efectivo a los recursos y servicios que permiten reducir los riesgos a la salud y, en consecuencia, la vulnerabilidad social.
Por ello, analizar quiénes son los más vulnerables ante la propagación del sarampión implica reconocer que la enfermedad actúa como un indicador de la fragilidad institucional y de la persistencia de brechas sociales en el ejercicio del derecho a la salud. De acuerdo con Angus Deaton, las desigualdades surgen, en gran medida, a partir de las decisiones que toman quienes detentan el poder y definen las políticas públicas. Actualmente, la población mexicana enfrenta un escenario de vulnerabilidad y desigualdad en materia de salud, propiciado por una inadecuada asignación de recursos,emanada de un nuevo sistema de salud implementado por quienes hoy en día gobiernan.
Basta observar cómo una enfermedad viral que se encontraba prácticamente erradicada en el país ha retomado fuerza para evidenciar que el sistema de salud no responde a estándares de primer nivel, mostrando incluso retrocesos en los avances tecnológicos y en las capacidades institucionales que se habían logrado en materia sanitaria.
En suma, el resurgimiento del sarampión en México pone de manifiesto que la salud pública no puede analizarse de manera aislada, sino como un reflejo de las condiciones estructurales y de las decisiones institucionales que inciden en la vida de la población. La vulnerabilidad y la desigualdad en salud no son fenómenos fortuitos, sino el resultado de una débil garantía del derecho a la salud, de una asignación inadecuada de recursos y del debilitamiento de las instituciones encargadas de proteger el bienestar social. Reconocer estas condiciones resulta indispensable para el diseño de políticas públicas orientadas a reducir las brechas sociales y fortalecer el sistema de salud
