José Guadalupe Altamirano Castro
Licenciado en Pedagogía y Licenciado en Derecho, Maestro en Administración Pública, Maestro en Derecho Procesal Penal, Doctor en Derecho. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Nivel 1. Miembro del Padrón de Investigadores del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEYCIDET). Actualmente es Profesor-Investigador de El Colegio de Veracruz.
Este Código, logra integrar un ordenamiento legal obligatorio para los países firmantes, que en esencia se refiere a la creación del buen gobierno en distintas latitudes, promoviendo el interés general, la participación ciudadana, la inclusión social y especialmente lucha contra la pobreza y la desigualdad; para tal fin establece reglas relativas a la naturaleza democrática del gobierno, la ética gubernamental y la gestión pública.
En sintonía con los textos Los perfiles en el servicio público y la buena administración pública, así como en Los perfiles en el servicio público y los cargos de elección popular, se pueden extraer algunas de las obligaciones plasmadas en el Código que tienen que ver con los procesos de designación, la profesionalización y la consideración de ciertos criterios que deben contemplarse en la integración de perfiles.
Estos, como componentes de un buen gobierno, que se describen a continuación para su mayor comprensión, están sustentados en el apartado de principios y obligaciones vinculadas a perfiles y designaciones públicas de dicho documento.
En el marco de las primeras obligaciones señala el documento que se procurará que, en los casos en que corresponda, y en el ámbito de sus competencias, las Cortes Supremas o Tribunales Constitucionales sean ocupados por juristas de reconocida trayectoria, honestidad probada e independencia acreditada.
En este numeral nueve de las Reglas vinculadas a la naturaleza democrática del gobierno se insinúa las características de los perfiles de los servidores públicos del poder judicial. Dicho sea de paso, en el ámbito de este poder existe la carrera judicial, pero las prácticas de las designaciones conservan una influencia política por lo que se pone en entredicho la autonomía e independencia judicial.
En otra obligación se precisa que se asegurará la imparcialidad y objetividad de las actuaciones públicas y la profesionalidad de los empleados públicos, combatiendo, entre otras, las prácticas clientelares, nepotistas y patrimonialistas. En este numeral doce de las Reglas vinculadas a la naturaleza democrática del gobierno supone el alejamiento de las prácticas recurrentes de nepotismo en el servicio público que se siguen presentando en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno donde no se considera el perfil sino se premia la lealtad.
En una de otras de las obligaciones vinculadas al análisis que se realiza se señala que se promoverán y garantizarán políticas y programas de carrera, capacitación y formación que contribuyan a la profesionalización de la administración pública. En este numeral treinta y siete de las Reglas vinculadas a la gestión pública está plasmado el nivel de importancia que tiene la capacitación como antesala o vertiente de la profesionalización.
Otro pendiente, ausente tanto en los procesos derivados de reformas constitucionales en materia penal o laboral, como también en la implementación de políticas públicas. A pesar de los esfuerzos realizados y del proceso de reformas en diversos ámbitos siguen enraizadas viejas prácticas que atentan con procesos que sean democráticos, basados en aspectos meritorios y donde prevalezcan las competencias como requisito para ocupar los diferentes cargos públicos.
El documento es un referente obligado para adoptar prácticas que permitan la mejora tanto en los procesos (rutas de acceso al poder público), como del propio resultado, es decir, que quien designado o nombrado cumpla componentes mínimos para tener un desempeño decoroso que se traduzca en resultados.
