Ciudad de México, 8 de abril de 2026.
Los conflictos bélicos no sólo destruyen infraestructura, desplazan población y alteran el comercio internacional; también dejan cicatrices económicas que pueden persistir durante más de diez años. El Fondo Monetario Internacional advirtió que los países inmersos en guerras suelen enfrentar una caída cercana a 7% en su producción acumulada durante los cinco años posteriores al inicio del conflicto, con efectos más profundos y duraderos que los provocados por crisis financieras o desastres naturales.
La advertencia llega en un momento de alta tensión geopolítica y de reacomodo del gasto militar global. En su más reciente análisis, el FMI explicó que las guerras tienden a deteriorar las cuentas fiscales, elevar la deuda pública, presionar la inflación y provocar depreciaciones cambiarias, especialmente en economías emergentes y en desarrollo. Además, el organismo subrayó que las secuelas no se limitan a los países directamente involucrados, sino que alcanzan a sus vecinos y socios comerciales por la vía de cadenas de suministro, flujos migratorios, precios energéticos y mayor incertidumbre financiera.
El golpe sobre la actividad económica puede ser persistente. De acuerdo con la investigación del Fondo, los conflictos armados generan pérdidas de producto más prolongadas que otros choques severos, lo que vuelve más compleja la recuperación. A diferencia de una crisis financiera, donde eventualmente puede restablecerse el crédito y recomponerse la demanda, una guerra suele debilitar instituciones, fracturar mercados laborales, reducir inversión y dañar capacidades productivas por años. Esa combinación explica por qué la reconstrucción no depende únicamente del cese de hostilidades, sino también de estabilización macroeconómica, apoyo internacional y fortalecimiento institucional.
El FMI también alertó sobre el costo creciente del rearme. Según su análisis, el aumento del gasto en defensa se ha acelerado desde 2022 y, para 2024, casi 40% de los países destinaban más de 2% de su PIB a gasto militar. Aunque este ajuste puede responder a necesidades legítimas de seguridad nacional, también implica decisiones fiscales difíciles: más recursos para defensa suelen significar menos espacio presupuestario para salud, educación, infraestructura o programas sociales, particularmente en economías con deuda elevada o bajo crecimiento.
El entorno global actual refuerza esa preocupación. El FMI ha señalado que la guerra se ha convertido en uno de los factores que intensifican presiones macroeconómicas en distintas regiones, en medio de volatilidad energética, inflación importada y un deterioro de las perspectivas de crecimiento. En los últimos años, más de 35 países han registrado conflictos activos, afectando a una proporción significativa de la población mundial.
Para México y América Latina, la lectura no es menor. Aunque la región no sea el epicentro de los principales frentes bélicos, sí resiente sus repercusiones mediante el precio del petróleo, las disrupciones logísticas, la volatilidad del tipo de cambio y el encarecimiento del financiamiento externo. En un mundo más fragmentado y con mayores tensiones militares, las economías abiertas quedan expuestas no sólo a choques comerciales, sino a una menor certidumbre para invertir y producir. La paz, en ese sentido, no es únicamente un objetivo diplomático o humanitario, sino también una condición clave para sostener crecimiento, estabilidad y desarrollo.