Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz| 13 de febrero 2026
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, volvió este jueves al centro de la atención judicial tras ser formalmente imputado por el delito de peculado, un proceso que podría extender su estancia en prisión más allá de la condena actual y complicar su posible libertad anticipada.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal una nueva acusación en la que se le vincula con el presunto desvío de 5 millones de pesos de recursos públicos, específicamente del Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad, durante su mandato como gobernador de Veracruz (2010–2016).
Nueva imputación y prisión preventiva
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la FGR logró que un juez decretara prisión preventiva justificada en contra de Duarte, quien actualmente cumple una condena de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La medida cautelar dificulta su posible salida del penal, ya que la imputación por peculado —que contempla penas de hasta 14 años adicionales de prisión según el Código Penal Federal— podría impedir que recupere la libertad cuando concluya la sentencia original en abril de este año.
Además de la acusación por peculado ahora en curso, se ha reportado que la FGR mantiene más de 20 carpetas de investigación contra el exmandatario por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos, lo que añade complejidad al caso y amplía el marco de posibles sanciones futuras.
El contexto de los recursos desviados
El presunto desvío de 5 millones de pesos se suma a un historial amplio de investigaciones sobre la gestión de Duarte, en la que se incluyen denuncias por malversación de fondos federales y estatales que ascendieron a cifras millonarias, como 62 mil millones de pesos identificados por la Auditoría Superior de la Federación en años anteriores.
Este patrón de denuncias coloca al caso de Duarte dentro de uno de los episodios más sonados de corrupción de alto nivel en México, marcando un desafío clave para las instituciones encargadas de sancionar la mala conducta pública en todo el país.
Implicaciones judiciales y políticas
La estrategia de la FGR no solo busca ampliar el tiempo que Duarte permanezca en prisión, sino también cerrar posibles vías para que obtenga beneficios de libertad anticipada, situación que en 2025 había generado expectativa tras acreditarse que había cumplido más del 95 % de su condena por otros delitos.
Sin embargo, estas maniobras legales han generado críticas y cuestionamientos públicos sobre la eficacia y la motivación de los procesos judiciales, con defensores del exgobernador argumentando que se trata de prácticas dilatorias o de una persecución prolongada de la justicia, mientras organizaciones civiles y expertos ven en estos pasos una respuesta necesaria al fenómeno de corrupción estructural en México.
El impacto económico y social
Aunque la noticia gira en torno a las consecuencias judiciales, el caso Duarte también tiene implicaciones económicas de fondo:
- Daño al erario público: los presuntos desvíos y malversaciones derivaron en pérdidas millonarias para programas de salud, educación y desarrollo social en Veracruz y otras áreas.
- Confianza inversionista y gobernanza: la percepción de corrupción a nivel subnacional influye en la percepción de riesgo para inversionistas y en la competitividad estatal y nacional.
- Costo institucional: los procesos judiciales, las investigaciones prolongadas y la gestión de casos de alto perfil implican recursos tanto públicos como de las instancias encargadas de impartir justicia.
