Gonzalo Ortega Pineda
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana (UV), Maestro en Ciencias Administrativas por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, perteneciente a la Universidad Veracruzana (UV), Doctor en Ecología Tropical por el Centro de Investigaciones Tropicales, de la Universidad Veracruzana (UV), se desempeñó como Director General de Vinculación Social de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz. Realizo una estancia posdoctoral en el Colegio de Veracruz (COLVER) donde actualmente es Profesor Investigador de la academia en Desarrollo Regional Sustentable, pertenece a la red latinoamericana de proyectos de divulgación.
En los últimos años, la economía circular ha irrumpido en el debate nacional como un modelo alternativo de desarrollo que busca romper con los paradigmas tradicionales de “usar y desechar”. A diferencia de la economía lineal, la circularidad propone una visión regenerativa y resiliente, en la que la creación de valor está ligada al aprovechamiento responsable de los recursos, así como a la reducción del impacto ambiental. Esta transición, lejos de ser una moda, representa una de las respuestas más urgentes ante la crisis ecológica y social que vivimos en México y el mundo.
La nueva ley de economía circular en México es el reflejo de una sociedad que exige cambios profundos en la manera de producir, consumir y gestionar los residuos. Esta legislación se fundamenta en el derecho constitucional de todas las personas a vivir en un ambiente limpio y sano, además de reconocer la igualdad entre mujeres y hombres, protegiendo el desarrollo de las familias y responsabilizando a quienes provoquen el deterioro ambiental. Sin embargo, sería pertinente ir más allá y considerar el derecho de todas las especies a un entorno saludable, ampliando así la visión antropocéntrica que predomina en nuestra normativa.
Uno de los aciertos de la ley, es vincular el desarrollo nacional integral y sustentable con la conservación del medio ambiente. En este sentido, el crecimiento económico no puede seguir siendo un objetivo aislado, debe encontrar un equilibrio con la justicia social y la preservación ecológica. Este cambio de paradigma obliga a repensar la competitividad y la inversión bajo criterios de sostenibilidad, dejando de lado la idea de que el progreso económico puede lograrse a costa de la naturaleza.
La ley de Economía Circular introduce mecanismos como la responsabilidad extendida del productor (REP), que obliga a los fabricantes a gestionar el ciclo completo de vida de sus productos, desde el diseño hasta la disposición final. Esta reforma busca incentivar el ecodiseño, reducir la generación de residuos y fomentar la recuperación de materiales, trasladando a los productores la carga de la gestión de residuos sólidos urbanos. Así, los municipios pueden destinar más recursos a otras áreas y se promueve la creación de productos sostenibles y reciclables.
No obstante, la circularidad no es tarea exclusiva de las empresas. La ley también asigna responsabilidades a los consumidores y autoridades locales, quienes deben garantizar la existencia de espacios accesibles para la recuperación de residuos. Esta corresponsabilidad exige la colaboración activa entre todos los sectores, superando la idea de que, el reciclaje o la gestión ambiental son competencia de unos pocos.
La aplicación de la REP enfrenta obstáculos considerables, como la falta de infraestructura formal para el reciclaje, la prevalencia de recolectores informales que se encuentran en el abandono, en los que las autoridades no los toman en cuenta, esto es un punto débil que tiene la nueva ley, a lo que se le suma la escasa cultura de separación de residuos desde el origen. Además, las pequeñas y medianas empresas (PyMES) carecen de recursos para adoptar el ecodiseño y competir con grandes industrias, lo que pone en evidencia la necesidad de incentivos económicos y fiscales para facilitar su transición al modelo circular.
Adoptar la economía circular implica también generar valor económico mediante la optimización de recursos, la reducción de costos por reutilización de residuos y la creación de nuevos flujos de valor. Estudios recientes demuestran que invertir en producción eficiente y consumo responsable genera beneficios tangibles tanto para las empresas como para la sociedad. Pero este avance solo será posible si existe voluntad política y compromiso por parte de todos los actores involucrados.
Un aspecto central de la ley es la apuesta por el desarrollo económico sustentable de carácter restaurativo y regenerativo. La restauración implica devolver a los ecosistemas su funcionalidad original, revirtiendo los daños causados por actividades humanas. La regeneración va más allá, promoviendo procesos que no solo reparan, sino que mejoran las condiciones ambientales y sociales, generando beneficios de largo plazo. Ambas dimensiones son fundamentales para garantizar la resiliencia del país ante desafíos futuros y para construir una economía capaz de prosperar sin destruir su base natural.
En el camino hacia la circularidad, la ley propone la integración interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, encabezados por la SEMARNAT, y la creación de sistemas de información y programas nacionales para dar seguimiento a indicadores clave como la huella de carbono, hídrica y el porcentaje de materiales reciclables. Sin embargo, la elaboración de planes y normas no basta; es indispensable acompañar estos esfuerzos con campañas de educación ambiental y estrategias de capacitación para formar consumidores responsables y ciudadanos informados.
Finalmente, el verdadero reto será lograr que la industria abandone la obsolescencia programada y extienda la vida útil de los productos, así como e haga responsable en lo que corresponde a su responsabilidad extendida, lo mismo aplica a los estados y municipios que deberán destinar una parte de su presupuesto para aplicar los programas de economía circular. Esto implica analizar los impactos económicos y sociales de tal medida, pues podría afectar la generación de empleos y el volumen de ventas. Sin embargo, el diseño sustentable abre nuevas oportunidades para los profesionales y fomenta una cultura de innovación orientada al bienestar común, no solo al lucro.
La economía circular representa una oportunidad histórica para México. Su éxito dependerá de la coordinación entre gobierno, empresas, academia y sociedad civil, así como de la capacidad de todos para entender que el futuro sostenible no es una opción, sino una necesidad. Si logramos avanzar hacia una gestión responsable de los recursos y una producción restaurativa y regenerativa, estaremos dando pasos firmes hacia el México que queremos heredar a las próximas generaciones.
