Una mirada a la nueva asignación del gasto público en salud.
Rafael E. Hernández Rodríguez
Economista de profesión, Maestro en Administración Pública y Doctorante en Investigaciones Económicas y Sociales. Temas de interés desigualdad, economía de la salud, sector público
En el marco de los festejos por nuestra Independencia y tras la entrega del Paquete Económico en días recientes, considero necesario detenernos a reflexionar sobre cómo nos encontramos en distintos ámbitos de nuestra sociedad; uno de los más relevantes, sin duda, es la salud. En México, la salud es un tema de suma importancia, pues millones de personas demandan diariamente servicios médicos.
Hoy esas demandas se originan tanto en enfermedades transmisibles —que van desde una simple gripa, el COVID-19 o el VIH/SIDA— como en enfermedades no transmisibles, entre las que destacan los padecimientos crónicos como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. A ello se suman los accidentes, que tampoco son un fenómeno aislado: desde una cortadura en el hogar hasta tragedias de gran escala, como la reciente explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, ponen en evidencia la urgencia de contar con un sistema de salud robusto y eficiente.
En este contexto, la asignación de recursos para la salud establecidos en el paquete económico para el año 2026, no muestra una distribución equitativa. Con datos del CIEP (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria) el gasto en salud proyectado tiene un aumento de 5.9% con respecto al de este año, Sin embargo, este incremento solo representa el 2.6% del PIB, muy lejos del recomendado por la OMS, el cual el mínimo es del 6%. Con ello surge la pregunta ¿cómo nos impactaran estas asignaciones de salud?, ¿qué implicaciones tiene en los hogares? ¿Qué ocurre con los pacientes con enfermedades crónicas? ¿A quién corresponde asumir la carga financiera derivada del deterioro del sistema de salud: al Estado o a las familias?
Hoy enfrentamos una paradoja en materia de salud. Por un lado, se nos insiste en que cuidarla es una cuestión de responsabilidad individual: hacer ejercicio, mantener una alimentación adecuada, acudir oportunamente al médico. Sin embargo, la realidad contradice ese discurso. Un ejemplo claro es la llamada política contra alimentos azucarados y comida chatarra, que pretende alejarlos de la infancia. En teoría, la medida busca proteger a los niños; en la práctica, basta caminar menos de cien metros desde cualquier escuela para encontrar una tienda o puesto donde estos productos se venden libremente. Así, la carga de laprevención recae en las familias, mientras el entorno social y económico sigue fomentando hábitos poco saludables o local comercial donde fácilmente el menor puede adquirir estos productos.
Por otro lado, nos enfrentamos a un sistema de salud colapsado, insuficiente y desigual, donde la suerte y la condición socioeconómica determinan la calidad de la atención. Hay desabasto de medicamentos, incluso de los más esenciales como paracetamol o aspirina, lo que obliga a los pacientes a buscar alternativas en establecimientos privados. Según la ENIGH, en 2024 el gasto de bolsillo en salud aumentó 7.9 %, al pasar de $5,948 en 2022 a $6,421 en 2024, reflejando la creciente necesidad de acudir a farmacias o clínicas privadas para obtener atención médica y medicamentos.
La verdadera tiranía no está en la salud, sino en cómo se administra. Nos llaman responsables de nuestras enfermedades, pero nos obligan a esperar meses por una consulta o cirugía, a pagar de nuestro bolsillo medicamentos que deberían ser garantizados, y a aceptar que en los hospitales “no hay insumos”. Mientras tanto, quienes deciden la distribución de los recursos profundizan la desigualdad, como apunta Angus Deaton.
Ahora, el gobierno plantea un nuevo impuesto a las bebidas endulzadas y al tabaco para 2026, con la promesa de que los recursos recaudados se destinen al gasto público en salud a partir de 2027. La intención puede ser loable, pero la realidad es que miles de mexicanos siguen atrapados en un sistema que no asegura justicia ni equidad.
En México, la paradoja es clara: se nos exige prevenir y cuidarnos, pero se nos niegan las condiciones para hacerlo. Se nos obliga a gritar “¡Viva México!” cada 15 de septiembre, mientras millones permanecen esclavos de un sistema de salud que no los protege. Ese grito “muy a la mexicana” no es solo de celebración; es un llamado de alerta, un reclamo que exige justicia, inversión y compromiso real con la salud de la población
