México y Estados Unidos firmaron en Ciudad de México un acuerdo binacional para abordar de forma conjunta el persistente problema del flujo de aguas residuales desde Tijuana hacia San Diego, que durante años ha contaminado el río homónimo y afectado la salud pública y el turismo de playas californianas.
El pacto fue formalizado por la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), Lee Zeldin, en el marco de estrechar la cooperación entre ambos gobiernos. En el acuerdo, México se compromete a acelerar la inversión de 93 millones de dólares en infraestructura de alcantarillado en Tijuana, adelantando algunos proyectos cuatro años antes de lo previsto. Al mismo tiempo, EE. UU. se comprometió a liberar fondos para completar a finales de agosto la ampliación de la planta de tratamiento internacional South Bay, elevando su capacidad de 25 a 35 millones de galones diarios.
El objetivo estratégico es reducir el flujo diario de hasta 50 millones de galones de agua contaminada, que mezcla aguas residuales crudas, desechos industriales y aguas pluviales, y que ha provocado el cierre frecuente de playas como Imperial Beach, afectando el turismo, las actividades recreativas y generando riesgos para los bañistas, surfistas, personal militar y agentes fronterizos.
Desde 2018, se estima que más de 100 mil millones de galones de aguas residuales han cruzado la frontera, situación agravada por el crecimiento poblacional e industrial en Tijuana, así como por la obsolescencia de las plantas de tratamiento, especialmente la de San Antonio de los Buenos, cuya capacidad previa era de 23 millones de galones diarios, aunque recientemente se reinstaló el funcionamiento total tras años de retrasos.
La firma del memorando de entendimiento (MOU) se presenta como un paso decisivo dentro de un esquema más amplio de cooperación que data de acuerdos previos como el Tratado de Aguas de 1944 y el Minute 328 (2022), los cuales han establecido la hoja de ruta para el financiamiento y ejecución conjunta de infraestructura sanitaria. También se ha contado con la participación activa de organismos como la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC), NADB, CONAGUA, SEMARNAT y autoridades locales de ambos países.
Los representantes estadounidenses destacaron la relevancia de este nuevo acuerdo para garantizar la salubridad y el acceso al agua limpia en la región binacional. Zeldin y otros funcionarios insistieron en que estos proyectos evitarán que comunidades costeras continúen sufriendo cierres de playas, riesgos a la salud pública por la presencia de bacterias como E. coli, químicos tóxicos y malos olores que incluso afectan la calidad del aire.
Por su parte, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum recibió elogios por demostrar voluntad política para acelerar los trabajos en territorio mexicano, incluyendo la ampliación de la planta San Antonio de los Buenos y mecanismos para desviar diariamente 10 millones de galones de aguas residuales fuera de la costa.
Se espera que el acuerdo se materialice progresivamente entre 2025 y 2027, con metas claras y plazos cumplibles. México deberá ejecutar en tiempo récord los proyectos programados, mientras que EE. UU. concluirá sus obras de ampliación en la zona fronteriza.
En resumen, este acuerdo representa una importante señal de colaboración eficaz entre México y Estados Unidos para resolver uno de los problemas ambientales más arraigados en la frontera, con implicaciones directas para la salud regional, desarrollo económico, conservación del litoral y seguridad en el bienestar de las comunidades transfronterizas.