Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 16 de Febrero 2026
La incidencia delictiva no solo impacta la seguridad pública; también representa una carga económica que podría costarle a los municipios veracruzanos hasta 9,500 millones de pesos al año, considerando pérdidas directas, gastos preventivos y efectos en inversión productiva.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, el costo total del delito en México asciende a más de 282 mil millones de pesos anuales, equivalente a alrededor de 1.1% del PIB nacional.
Si se aplica esa proporción al Producto Interno Bruto estatal de Veracruz —que ronda los 860 mil millones de pesos según las últimas cifras del INEGI— el impacto potencial del delito en la entidad podría situarse entre 9 mil y 10 mil millones de pesos anuales.
Esa cifra representa más que el presupuesto anual conjunto de varios municipios medianos del estado.
El costo municipal del delito
El impacto económico se distribuye en tres dimensiones:
- Pérdidas directas por robos, daños, fraudes y extorsiones.
- Gasto en medidas preventivas, como seguridad privada, cámaras, seguros y controles logísticos.
- Costo de oportunidad, es decir, inversiones que se posponen o no llegan.
La ENVIPE señala que millones de hogares en el país destinan recursos adicionales a protegerse del delito. A nivel municipal, esto implica menor consumo productivo y mayor gasto defensivo.
En municipios con fuerte actividad agrícola o industrial —como los de la región centro y sur de Veracruz— los delitos contra transporte de carga y robo a comercio pueden afectar cadenas productivas completas, elevando costos logísticos y reduciendo competitividad.
Seguridad y desarrollo local
En un estado donde el sector primario (agricultura, ganadería y energía) tiene peso relevante en el PIB estatal y el sector industrial representa una parte significativa de la actividad económica, la estabilidad en seguridad incide directamente en productividad y atracción de capital.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha documentado que la seguridad pública es uno de los factores determinantes en la atracción de inversión y generación de empleo. Municipios con mayor incidencia enfrentan mayores costos empresariales y menor dinamismo comercial.
Además, la afectación tiene un componente fiscal: menor actividad económica implica menor recaudación municipal por licencias, permisos y derechos, lo que limita capacidad de inversión en infraestructura y servicios públicos.
Diferencias territoriales
El impacto no es uniforme. Existen brechas importantes entre municipios en términos de incidencia delictiva por cada 100 habitantes, lo que sugiere que el costo económico tampoco es homogéneo.
Mientras algunas demarcaciones podrían estar absorbiendo una proporción significativa de esas pérdidas, otras presentan condiciones más favorables para la actividad económica.
La dimensión municipal permite observar con mayor precisión dónde se concentran las presiones económicas asociadas a la seguridad pública y cómo estas podrían estar influyendo en el desempeño local.
Esta semana, El Censal presentará un análisis detallado que permitirá dimensionar con datos concretos cómo se distribuye territorialmente la incidencia delictiva en Veracruz y qué implicaciones económicas podría tener para cada municipio.
