Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 28 de Julio 2025
El reciente ajuste a las tarifas del servicio de taxi en Veracruz, anunciado por la administración de la gobernadora Rocío Nahle García, ha generado tensiones visibles entre el Ejecutivo estatal y un gremio que asegura no haber sido debidamente escuchado. Aunque el gobierno afirma que la medida responde a criterios técnicos y legales, los conductores movilizados sostienen que el alza es insuficiente para afrontar el deterioro económico acumulado en más de dos décadas sin actualizaciones tarifarias.
En conferencia de prensa, Nahle defendió el decreto publicado el 22 de julio pasado como un acto de responsabilidad institucional. Según explicó, el nuevo tabulador responde a un análisis del índice inflacionario acumulado desde 2002 —última vez que se modificó la tarifa mínima en el estado— y se diseñó con base en criterios económicos objetivos, no como resultado de negociaciones políticas o presión social. La Secretaría de Gobierno ha instalado mesas de diálogo con agrupaciones del sector para escuchar sus planteamientos, aunque los voceros de los taxistas aseguran que el ajuste fue unilateral.
Las nuevas tarifas, que van de los 27 a los 52 pesos según la ciudad y el perímetro recorrido, ya están vigentes en municipios como Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba y Coatzacoalcos. No obstante, la medida ha sido recibida con protestas. En las principales ciudades del estado, grupos de taxistas bloquearon vialidades la semana pasada, exigiendo una revisión más profunda de los costos reales de operación y un ajuste que contemple no solo la inflación, sino también el alza sostenida de combustibles, refacciones y servicios de mantenimiento.
El gobierno estatal respondió comprometiéndose a realizar un estudio técnico-socioeconómico que analice a fondo la estructura de costos del servicio. El resultado de dicho análisis —a cargo de la Dirección General de Transporte del Estado— podría derivar en una revisión adicional de las tarifas actuales si se demuestra que los nuevos montos no reflejan adecuadamente la realidad operativa del sector. Mientras tanto, las tarifas oficiales deben ser respetadas, subrayó el gobierno.
El conflicto tarifario ocurre en un contexto de creciente inseguridad para los operadores. El reciente asesinato de Irma Hernández Cruz, taxista y maestra jubilada en Álamo Temapache, puso en evidencia la vulnerabilidad del gremio frente a la violencia del crimen organizado. La mujer fue secuestrada, obligada a grabar un video bajo amenazas y murió tras un infarto causado, según la Fiscalía, por la situación extrema que enfrentó. Aunque el gobierno estatal ha insistido en que la causa de muerte fue natural, el caso ha encendido las alarmas en el sector y ha intensificado las demandas de seguridad y protección para quienes prestan este servicio.
El debate por el ajuste tarifario va más allá del cálculo económico. Para los taxistas, representa también un reclamo de visibilidad y respeto ante años de abandono institucional. Para el gobierno, significa un esfuerzo por ordenar un esquema tarifario obsoleto sin perder el control político del sector. El resultado final dependerá no solo del estudio en marcha, sino de la capacidad de ambas partes para sostener un diálogo que combine técnica, empatía y voluntad política.