Washington D.C., 7 de octubre de 2025. — El presidente Donald Trump evalúa invocar la Ley de Insurrección para desplegar tropas federales en diversas ciudades del país, en medio de una creciente crisis política y enfrentamientos con gobiernos estatales y tribunales que han limitado su autoridad sobre la Guardia Nacional.
Qué es la Ley de Insurrección y por qué preocupa su posible uso
La Ley de Insurrección, aprobada en 1807, permite al presidente de Estados Unidos movilizar fuerzas militares dentro del territorio nacional en casos de disturbios civiles, rebeliones o imposibilidad de aplicar la ley por medios ordinarios.
El posible uso de esta medida excepcional ha generado alarma entre juristas, líderes demócratas y organizaciones civiles, quienes advierten que su aplicación podría representar una amenaza al orden constitucional y a las libertades civiles.
Varios analistas destacan que el despliegue militar interno bajo este marco legal no requiere aprobación del Congreso, lo que otorga al presidente un poder extraordinario frente a las autoridades locales.
Choque con gobernadores y tribunales
Fuentes cercanas a la Casa Blanca informaron que Trump ha sostenido tensas conversaciones con gobernadores demócratas, especialmente en California, Nueva York y Michigan, quienes se oponen al envío de tropas federales para controlar protestas y disturbios recientes.
El mandatario acusa a los gobiernos estatales de permitir el “caos” y la “anarquía”, mientras que las autoridades locales argumentan que el Ejecutivo busca militarizar la política interna y distraer la atención del cierre parcial del gobierno (shutdown), que ya afecta servicios públicos y pagos federales.
Tribunales federales han emitido fallos que limitan el despliegue unilateral de la Guardia Nacional, lo que ha llevado al presidente a considerar la Ley de Insurrección como una vía alternativa para retomar el control.
Reacciones del Congreso y la sociedad civil
En el Congreso, líderes demócratas como Chuck Schumer y Hakeem Jeffries han calificado la propuesta como “un abuso de poder sin precedentes”, mientras que algunos senadores republicanos moderados han pedido “cautela” y “diálogo institucional”.
Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) advirtieron que una decisión de este tipo podría derivar en violaciones masivas a los derechos humanos y aumentar la polarización social que atraviesa el país.
Un precedente histórico y sus posibles consecuencias
La última vez que la Ley de Insurrección fue invocada ocurrió en 1992, durante los disturbios de Los Ángeles tras el caso Rodney King. Sin embargo, los expertos señalan que las condiciones actuales son mucho más tensas, ya que la medida tendría un claro componente político y electoral.
De aplicarse, el despliegue militar podría desencadenar protestas a nivel nacional y profundizar la división entre estados conservadores y progresistas, en un momento en que la economía se ve afectada por la parálisis gubernamental y la incertidumbre institucional.
Un país al borde del conflicto interno
Mientras la Casa Blanca guarda silencio oficial, fuentes del Pentágono aseguran que no se ha emitido ninguna orden formal, aunque existe “preocupación por la dirección política que está tomando la situación”.
La decisión final podría darse en los próximos días, marcando un punto de inflexión para la democracia estadounidense.
“Si el presidente activa la Ley de Insurrección, estaríamos ante el uso más controvertido del poder militar en territorio nacional desde la Guerra Civil”, afirmó la analista constitucional Linda Greenfield.
