Ciudad de México, 24 de noviembre de 2025 – La relación entre las plataformas de movilidad digital, como Uber y DiDi, y el Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) en México, continúa tensa, marcada por una serie de conflictos sin solución definitiva, que van desde la regulación en aeropuertos hasta las reformas laborales y la fiscalización.
El Frente Aeroportuario: Restricciones a Pesar de Fallos
El punto de fricción más reciente se centra en la operación de estas aplicaciones en aeropuertos federales.
- Suspensión Judicial: Una jueza concedió una suspensión provisional a favor de Uber para que sus conductores no sean detenidos por la Guardia Nacional al operar en aeropuertos, incluido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
- Restricciones Persistentes: Pese al fallo judicial, las autoridades aeroportuarias han mantenido la restricción para que estas plataformas operen libremente, permitiendo únicamente el servicio de taxis concesionados, una medida que lleva ya un año.
El Desafío Laboral y los Impuestos
Otro eje del conflicto es la iniciativa de reforma laboral para plataformas digitales, impulsada por el gobierno, que busca otorgar seguridad social y otros derechos laborales a los conductores y repartidores.
- Objetivo de la Reforma: Busca que los trabajadores tengan acceso a beneficios como afiliación al IMSS, licencias por maternidad o enfermedad, y fondo para el retiro.
- Preocupación de los Trabajadores: Una parte de los conductores y repartidores ha protestado contra la reforma, temiendo la pérdida de autonomía y la reducción de ingresos debido a nuevas retenciones e impuestos, así como la posible imposición de jornadas fijas.
- Fiscalización: Se mantiene la preocupación por los cargos adicionales de comisiones e impuestos federales, lo que eleva los costos de operación frente a los servicios de transporte tradicionales.
Operativos y Desorden en el Transporte
A nivel estatal, los operativos contra vehículos de plataformas digitales evidencian la falta de un marco regulatorio claro. Organizaciones empresariales han criticado que los operativos de detención de vehículos en estados como Tamaulipas no resuelven el problema de movilidad y solo benefician a monopolios ya establecidos, en lugar de fomentar la inversión y la innovación.
