Por: Redacción El Censal |Ciudad de México, México| 08 de abril de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas bancarias sin orden judicial, al considerar que se trata de una herramienta clave para combatir delitos financieros y fortalecer la estabilidad del sistema económico.
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que esta facultad no representa un mecanismo de persecución política, sino una medida preventiva enfocada exclusivamente en frenar operaciones vinculadas con el lavado de dinero y el financiamiento ilícito. En ese sentido, enfatizó que la UIF actúa con criterios técnicos y de inteligencia financiera, descartando cualquier uso discrecional de estas atribuciones.
Uno de los datos más relevantes expuestos por el gobierno federal es que, desde el inicio de la actual administración en octubre de 2024, se han inmovilizado alrededor de 5 mil millones de pesos en cuentas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas, sin que ello haya generado afectaciones al sector empresarial formal.
La resolución de la Corte establece que el congelamiento de cuentas es una medida de carácter administrativo y preventivo, lo que permite a las autoridades actuar con mayor rapidez ante indicios de irregularidades financieras, evitando que los recursos sean dispersados mientras se desarrollan las investigaciones.
En este contexto, Sheinbaum destacó que el fortalecimiento de estas herramientas coloca a México en línea con estándares internacionales en materia de combate al lavado de dinero, donde la capacidad de reacción inmediata es fundamental para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado. Además, recordó que los usuarios afectados cuentan con mecanismos legales, como el amparo, para impugnar cualquier acción, con plazos de resolución más ágiles que brindan certeza jurídica.
La presidenta también envió un mensaje de confianza al sector privado, al reiterar que ninguna empresa o persona que opere dentro del marco legal tiene motivos para preocuparse, ya que el objetivo central es proteger la integridad del sistema financiero y cerrar el paso a recursos ilícitos.
Con este respaldo institucional, México avanza en el fortalecimiento de su marco regulatorio financiero, consolidando herramientas que permiten mayor control, transparencia y eficacia en la lucha contra delitos económicos, al tiempo que se promueve un entorno más seguro y confiable para la inversión.