Por: Redacción El Censal |Ciudad de México, México| 28 de abril de 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció oficialmente que en México existe una “cifra negra” superior al 95% en algunos delitos, es decir, que más de nueve de cada diez ilícitos no se denuncian ni llegan al sistema de justicia. La admisión fue hecha por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos durante la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 ante la Comisión de Justicia del Senado, donde también se aprobó el documento con 12 votos a favor y una abstención.
“Tenemos una cifra negra muy alta en determinados delitos; cifras negras que rebasan el 95 por ciento”, expresó la titular de la FGR al explicar que una de las principales razones detrás de este fenómeno es la desconfianza ciudadana hacia las fiscalías y ministerios públicos. Godoy reconoció que muchas víctimas prefieren no denunciar debido al maltrato institucional, largos tiempos de espera y la percepción de que los casos no tendrán resultados reales.
La fiscal señaló que este problema limita gravemente la capacidad del Estado para conocer la verdadera dimensión de la criminalidad en el país, ya que una gran parte de los delitos queda fuera de los registros oficiales. Esto, advirtió, no solo distorsiona las estadísticas de seguridad, sino que también alimenta la impunidad y debilita el acceso a la justicia para miles de víctimas.
Como respuesta, la FGR presentó su nuevo Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, una hoja de ruta que contempla cambios estructurales en investigación criminal, judicialización de casos y atención ciudadana. Entre sus ejes prioritarios destaca el combate a la extorsión mediante atención inmediata, inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y persecución penal estratégica para desarticular redes criminales.
Además, el documento plantea la implementación de un Nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia, enfocado en fortalecer las carpetas de investigación mediante el uso de ciencia, tecnología y análisis estratégico. La meta es que los casos que lleguen a tribunales estén mejor sustentados técnicamente y aumente el porcentaje de judicialización, actualmente considerado bajo por la propia institución.
El plan también forma parte de una reestructuración institucional iniciada desde diciembre de 2025, basada en seis ejes clave: coordinación con el Gabinete de Seguridad, fortalecimiento de fiscalías federales en los estados, modernización de la Agencia de Investigación Criminal, reestructura interna, priorización de recursos hacia delitos de alto impacto y una nueva estrategia de inteligencia ministerial.
Desde una perspectiva económica y social, la cifra negra no solo representa un problema judicial, sino también un freno para el desarrollo. La impunidad afecta la inversión, incrementa costos de operación para empresas y debilita la confianza institucional, especialmente en delitos como extorsión, robo de carga, fraude y violencia patrimonial que impactan directamente en la actividad productiva.
En estados como Veracruz, donde sectores como comercio, transporte, agroindustria y logística dependen de condiciones mínimas de seguridad jurídica, la falta de denuncias genera un círculo complejo: si las víctimas no reportan, no hay investigación; si no hay investigación, crece la percepción de abandono institucional y la economía informal del delito se fortalece.
Especialistas en seguridad pública consideran que la recuperación de la confianza ciudadana será el verdadero termómetro del éxito de este plan. No basta con nuevas estrategias en papel: la clave estará en transformar la experiencia real de las víctimas cuando llegan a denunciar y garantizar resultados tangibles en la persecución penal.
La propia fiscal prometió que la institución cambiará esa relación histórica con la ciudadanía. “Nunca más habrá una Fiscalía lejana, ausente o insensible”, aseguró ante senadores, al comprometer una atención más cercana, eficiente y con enfoque en derechos de las víctimas.
Con una cifra negra superior al 95%, México enfrenta uno de los mayores desafíos estructurales de su sistema de justicia. El reconocimiento público de la FGR marca un diagnóstico duro, pero también abre una prueba política clave: demostrar si el nuevo plan realmente podrá reducir la impunidad o si seguirá siendo otro intento fallido frente a la desconfianza ciudadana.