CIUDAD DE MÉXICO. El gobierno federal anunció la eliminación de 1,711 trámites de la Administración Pública Federal como parte de una estrategia de simplificación administrativa que busca reducir tiempos, costos y barreras burocráticas para empresas, inversionistas y ciudadanos.
La medida forma parte del programa encabezado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, cuyo titular, José Antonio Peña Merino, informó que se identificaron 5,594 trámites federales, de los cuales 3,497 ya fueron intervenidos o simplificados, lo que representa un avance de 60%.
El objetivo central no es eliminar obligaciones regulatorias, sino fusionar procesos que antes estaban dispersos en varias dependencias. Es decir, cuando una empresa debía presentar información similar en distintos trámites, ahora podrá hacerlo en menos pasos y con mayor seguimiento digital.
Uno de los principales cambios es la nueva Ventanilla Digital de Inversiones, una plataforma diseñada para concentrar trámites federales, estatales y municipales relacionados con la constitución, construcción y operación de proyectos productivos. Actualmente, 18 entidades federativas ya están integradas al sistema y la meta del gobierno federal es sumar a las 32 entidades durante este año.
De acuerdo con la información presentada, los trámites para constituir empresas pasaron de nueve a seis; los relacionados con construcción bajaron de 25 a 16; mientras que los trámites de operación disminuyeron de 17 a 10. Esta reducción busca acelerar la instalación de nuevas empresas, especialmente en sectores estratégicos para la economía mexicana.
La ventanilla permite a los inversionistas responder un cuestionario para identificar qué permisos necesitan según el tipo de proyecto, conocer los documentos requeridos y dar seguimiento al avance de sus procedimientos desde un solo sitio. Con ello, el gobierno pretende reducir duplicidades, evitar la entrega repetida de documentos y mejorar la coordinación entre dependencias.
La estrategia también incluye un esquema de autorización inmediata para inversiones estratégicas, dirigido a proyectos que cumplan al menos uno de tres criterios: superar los 2,000 millones de pesos de inversión, ubicarse en un Polo de Bienestar o pertenecer a sectores considerados prioritarios por el gobierno federal.
Entre los sectores incluidos se encuentran energía, química, textil, semiconductores, electrónica, infraestructura tecnológica, dispositivos médicos, industria aeroespacial, farmacéutica, biomédica, automotriz y autopartes.
La simplificación administrativa puede convertirse en un factor relevante para atraer inversión, especialmente en un contexto en el que México busca aprovechar el nearshoring y la relocalización de cadenas productivas. Sin embargo, el impacto real dependerá de que los trámites efectivamente se resuelvan más rápido, de que los estados y municipios se integren al sistema y de que la digitalización no se limite a trasladar la burocracia del escritorio al portal electrónico.
Para las empresas, el cambio puede significar menores costos de entrada, mayor certidumbre regulatoria y una ruta más clara para iniciar operaciones. Para el gobierno, representa una apuesta por mejorar la competitividad del país sin recurrir únicamente a incentivos fiscales o subsidios.
El reto será que la nueva ventanilla digital funcione de manera homogénea en todo el país. La inversión privada no sólo depende de eliminar trámites, sino de garantizar tiempos de respuesta, seguridad jurídica, infraestructura, energía suficiente y coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Si la plataforma logra operar con eficiencia, México podría reducir una de las quejas más frecuentes del sector privado: la lentitud y complejidad de los permisos. Pero si la implementación queda incompleta, la eliminación de trámites podría quedarse como una mejora administrativa con efectos limitados sobre la inversión.