PolíticaMéxico establece controles a inversión extranjera en empresas de IA y semiconductores; reforma entrará en vigor este 20 de noviembre

México establece controles a inversión extranjera en empresas de IA y semiconductores; reforma entrará en vigor este 20 de noviembre

Por: Redacción El Censal | Ciudad de México | 19 de noviembre de 2026

México estableció un nuevo procedimiento de revisión por motivos de seguridad nacional para determinadas adquisiciones de empresas mexicanas por parte de inversionistas extranjeros, particularmente en sectores como inteligencia artificial (IA), semiconductores, ciberseguridad y almacenamiento de datos. La reforma a la Ley de Inversión Extranjera fue publicada este jueves 19 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor el viernes 20, incorporando nuevas condiciones para operaciones que involucren activos y tecnologías estratégicas.

El nuevo artículo 30 Bis establece que las adquisiciones deberán contar con una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) cuando el inversionista extranjero pretenda obtener, directa o indirectamente, más del 49 por ciento del capital social de una empresa mexicana, siempre que el valor de sus activos supere el umbral que determine la propia Comisión y que sus actividades estén comprendidas en los sectores considerados estratégicos. Por tanto, la disposición no representa una prohibición general a la inversión extranjera ni implica que todas las compras de empresas tecnológicas deban someterse automáticamente a autorización.

Entre las actividades sujetas a este mecanismo se encuentran las tecnologías críticas y productos de doble uso, categoría que comprende inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales, almacenamiento de energía, tecnologías cuánticas y nucleares, nanotecnología y biotecnología. También se incluyen infraestructuras estratégicas relacionadas con energía, transporte, salud, comunicaciones, minería y tratamiento o almacenamiento de datos, además de empresas que tengan acceso a información sensible, particularmente datos personales, o capacidad para controlarla.

Uno de los aspectos pendientes es el monto mínimo de activos que determinará qué operaciones estarán sujetas obligatoriamente a esta revisión. El decreto concede a la CNIE un plazo de 180 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación, para establecer y hacer público ese umbral. Cuando una empresa no alcance dicho valor, pero la participación extranjera pretendida supere el 49 por ciento, la presentación de la solicitud bajo este procedimiento de seguridad nacional será voluntaria, sin eliminar otras autorizaciones que pudieran corresponder.

La Comisión tendrá 45 días hábiles para resolver las solicitudes, contados a partir de su presentación. Durante ese proceso podrá autorizar la adquisición, establecer condiciones o modificaciones para mitigar riesgos, o impedir la operación cuando considere que representa una amenaza para la seguridad nacional. A diferencia de otros procedimientos administrativos, en estos casos el silencio de la autoridad no significará que la compra haya sido aprobada.

La reforma también modifica la integración de la Comisión, al incorporar con voz y voto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Asimismo, contempla la participación de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en las decisiones. Para los asuntos relacionados con seguridad nacional, los integrantes no podrán abstenerse de votar y los acuerdos se tomarán por mayoría.

En materia de sanciones, las empresas que transfieran acciones a inversionistas extranjeros sin contar con la autorización obligatoria, o incumplan las condiciones establecidas por la Comisión, podrán enfrentar multas de entre 5 mil y 200 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Con el valor de la UMA vigente en 2026, el límite superior equivale aproximadamente a 23.46 millones de pesos. La autoridad también podrá ordenar la desinversión y establecer un plazo de 90 días hábiles para separar los activos involucrados, con posibilidad de prórroga por un periodo igual.

Desde la perspectiva económica, el nuevo marco incorpora criterios de seguridad nacional a las decisiones de inversión y adquisición de empresas en sectores de alto valor tecnológico. Para los inversionistas, será importante identificar desde las primeras etapas de una operación si la compañía objetivo desarrolla tecnologías críticas, administra infraestructura estratégica o tiene acceso a información sensible, pues estos elementos podrían modificar los tiempos y condiciones de una transacción.

Para México, el desafío será aplicar el mecanismo con criterios claros y procedimientos previsibles que permitan proteger infraestructura, datos y capacidades tecnológicas sin generar incertidumbre innecesaria para el capital productivo. La definición del umbral de activos y la publicación de las disposiciones complementarias serán determinantes para conocer el alcance real de la reforma y sus efectos sobre las futuras operaciones de inversión extranjera.

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