Por: Redacción El Censal |Ciudad de México, México| 22 de julio de 2026
El Gobierno de México analiza la posibilidad de reclamar una parte de los 15 mil millones de dólares que la justicia de Estados Unidos ordenó decomisar al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que un tribunal federal de Brooklyn lo sentenciara a cadena perpetua por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de determinar si existen fundamentos jurídicos para que el Estado mexicano solicite una porción de esos recursos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que este tipo de procedimientos suelen analizarse conforme a los mecanismos de cooperación internacional en materia de recuperación de activos provenientes del crimen organizado. Sin embargo, aclaró que corresponderá a la FGR revisar el caso específico y establecer si México cuenta con bases legales para participar en el decomiso de los bienes atribuidos al cofundador del Cártel de Sinaloa.
La sentencia contra Zambada incluye, además de la cadena perpetua, el decomiso de 15 mil millones de dólares, una cifra que la Fiscalía estadounidense considera equivalente a las ganancias obtenidas por el narcotraficante durante décadas de operaciones de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos. El monto forma parte del acuerdo judicial alcanzado tras la declaración de culpabilidad del capo mexicano.
El eventual reclamo mexicano estaría sustentado en mecanismos de cooperación internacional para la recuperación de activos derivados de actividades ilícitas. Especialistas en derecho internacional señalan que, en determinados casos, los países afectados por organizaciones criminales pueden solicitar la restitución o el reparto de bienes decomisados cuando acreditan daños patrimoniales o la existencia de recursos obtenidos mediante delitos cometidos en su territorio. No obstante, cualquier procedimiento dependerá de la legislación estadounidense, de los tratados bilaterales vigentes y de la evidencia que pueda aportar la autoridad mexicana.
El caso de “El Mayo” Zambada continúa teniendo implicaciones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Desde su captura en 2024, el Gobierno mexicano ha solicitado información sobre las circunstancias en que fue trasladado a territorio estadounidense, al considerar que existen aspectos que aún deben esclarecerse respecto al operativo que derivó en su detención. La administración federal ha reiterado que mantiene abiertas las investigaciones correspondientes y que continuará solicitando cooperación a las autoridades estadounidenses.
En paralelo, la presidenta Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene una estrategia enfocada en atender las causas de la violencia y prevenir que jóvenes sean reclutados por organizaciones criminales. Al ser cuestionada sobre el mensaje que Zambada dirigió a la juventud tras su sentencia, la mandataria afirmó que el camino de la delincuencia organizada solo conduce a una vida marcada por la violencia, el sufrimiento y la falta de oportunidades.
Por ahora, la posibilidad de que México reciba parte de los recursos decomisados permanece en fase de análisis jurídico. La decisión dependerá de la evaluación que realice la FGR y de los mecanismos de cooperación entre ambos países. De concretarse, el caso podría convertirse en uno de los precedentes más relevantes en materia de recuperación internacional de activos vinculados al crimen organizado entre México y Estados Unidos.