Mtro.Arturo Abraham León Martínez.
Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Xalapa; Asesor fiscal y contable; Consultor Patrimonial, Postulante en materia Fiscal y Bancaria, Catedrático de Derecho y Posgrado, Entusiasta de las Finanzas Públicas y la Teoría Política.
Los gobiernos contemporáneos buscan o pareciera están en la búsqueda del santo grial de un problema estructural social; el cual es la gobernanza, las democracias contemporáneas se aferran a intentar resolver los fenómenos ciudadanos desde muchos entornos, puede ser desde lo pragmático, ejemplo de esto, es la implementación de políticas públicas funcionales, aunque ordinarias, generalmente relacionadas con el entretenimiento, esparcimiento o un alevoso maquillaje sobre servicios públicos que ya eran lo bastante rústicos, poner luminarias a una parada de autobuses es un vaivén de forma, pero, no resuelve el fondo de si la calidad del servicio es óptima o desdeñable. Esta justicia es de tinte social y popular, generalmente identificada en los órdenes locales, donde el presupuesto es limitado y se apuesta por una gobernanza con cara de ludoteca.
Existen también escaños de poder gubernamental donde se pretende solucionar la relación del ciudadano desde una aproximación más ríspida, rocosa e incómoda, es decir a través del cumplimiento estricto, apegado a los manuales, sin mucha permisividad o tela de libertad de donde cortar, son disposiciones carentes de abstracción donde el servidor público “aplica lo que debe aplicar” sin hacer un análisis primario de la afectación o de los valores que entran en juego para el gobernado, la infracción por el exceso de velocidad es indiferente al agente en turno sea por una rebeldía adolescente con aroma a inmadurez o por el inminente ritmo acelerado de un repartidor de alimentos que necesita entregar a contrarreloj para subsistir, o bien un ciudadano preocupado por la salud de su familiar el cual requiere asistencia; esto es parte de los accidentes que surgen en los moldes férreos de la gobernanza, el descuido, la trampa de la jaula de hierro como mencionaba Weber, donde la norma impera más por estructura que por funcionalidad social.
Se sostiene que el mandato de “buena administración” genera una tensión irresoluble entre la previsibilidad formal del actuar administrativo y la indeterminación material producida por la ponderación principal, amenazando la seguridad jurídica y deformando la función administrativa.
El contraste notorio nace de un principio general del derecho que reza de la siguiente manera: “Donde la ley no distingue uno no debe distinguir” en esta premisa encontramos un resquicio para el ciudadano, si bien hay una exigencia normativa en los gobiernos actuales, se encuentra un tragaluz por donde se filtran los mandatos institucionales, ya que para acelerar los procesos de atención ciudadana, indistintamente de la forma que adquieran y poder dotar al gobernado de certeza y legalidad, precisamente allí yace un punto de inflexión pues en esa flexibilidad normativa es donde puede filtrarse un molde de corrupción, una herida punzocortante, que inevitablemente desmantela un estado de Derecho.
La problemática es que al no haber una línea debidamente trazada entre la contención de las normas y la maleabilidad de determinadas autoridades al autorizar procesos para satisfacer al gobernado, es decir es un péndulo entre la permisividad y la restricción, donde se pierde el sentido normativo, dicha confusión permite prosperar que el ciudadano geste ilusiones abstractas, inviables y sature de demandas y peticiones a una administración infra financiada, rebasada, inoperante y flagelada; la cual muestra un mazo de hierro pero al golpear salen cristales rotos.