Por: Redacción El Censal |Xalapa, Veracruz| 17 de septiembre de 2026
El Gobierno de Veracruz prepara una iniciativa para modificar el régimen de fuero de alcaldes, síndicos y regidores, con el objetivo de que esta protección constitucional no represente un obstáculo para las investigaciones relacionadas con posibles delitos cometidos por servidores públicos municipales.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que la propuesta será enviada al Congreso del Estado por instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García. El funcionario señaló que todavía no se conocen todos los alcances de la reforma, por lo que será necesario esperar el documento que presente formalmente el Ejecutivo estatal.
Ahued explicó que la iniciativa busca revisar el alcance de la protección que actualmente tienen determinados integrantes de los ayuntamientos y facilitar que las autoridades ministeriales puedan dar seguimiento a denuncias cuando existan elementos que pudieran constituir un delito. “El fuero no nos alcanza para cometer algún delito”, señaló el secretario de Gobierno al ser cuestionado sobre el tema.
El anuncio se da mientras la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación relacionada con el alcalde de Coahuitlán, Isaac García Álvarez, quien fue señalado por presuntamente realizar disparos en el municipio de Chumatlán. Ahued indicó que la Fiscalía recibió la denuncia correspondiente y será la autoridad ministerial la encargada de determinar si existen elementos para proceder conforme a derecho.
El secretario de Gobierno precisó que la eventual reforma no estaría limitada a un caso particular, sino que buscaría establecer reglas generales para atender denuncias contra servidores públicos municipales. La propuesta deberá ser presentada ante el Congreso local y, en su caso, seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de que pueda entrar en vigor.
El debate sobre el fuero municipal también ocurre después de que el Congreso de Veracruz retirara en agosto la inmunidad procesal a dos alcaldes, Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, en procedimientos relacionados con investigaciones de la Fiscalía. El retiro de la inmunidad procesal permite que una persona servidora pública pueda enfrentar un proceso penal, pero por sí mismo no determina su culpabilidad.
La iniciativa que prepara el Gobierno estatal permitirá conocer si la intención es eliminar la protección constitucional para determinados cargos municipales o modificar el procedimiento mediante el cual puede retirarse. Por ahora, el contenido definitivo de la propuesta aún no ha sido presentado públicamente ante el Congreso de Veracruz.