Por: Redacción El Censal | Ciudad de México | 6 de octubre de 2026
La iniciativa de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea modernizar los sistemas con los que estados y municipios identifican, registran y actualizan la información de los inmuebles en México.
La propuesta contempla crear una Clave Única Catastral y una Cédula Única Catastral y Registral, además de una Plataforma Nacional Catastral que permita vincular la información de los catastros con los registros públicos de la propiedad. El objetivo es establecer criterios comunes y facilitar el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno.
Uno de los principales efectos esperados está relacionado con las finanzas municipales. La actualización de los valores catastrales y la incorporación de predios que actualmente no cuentan con información actualizada podrían ampliar y hacer más precisa la base sobre la que se calcula el impuesto predial, sin que la iniciativa plantee por sí misma la creación de un nuevo impuesto.
El rezago representa un área importante de oportunidad. Datos del INEGI citados en el análisis de la propuesta señalan que, en promedio, el valor catastral de los predios se encuentra por debajo de su valor comercial, mientras que los municipios recaudaron 67 mil 80 millones de pesos por predial durante 2023, equivalente a 0.2% del PIB nacional.
La reforma también contempla un Plan Nacional Catastral, modelos homologados para trámites y servicios, así como mecanismos tecnológicos para actualizar la cartografía y compartir información bajo criterios de seguridad. De acuerdo con la SEDATU, la modernización de los registros públicos y catastros contribuye a fortalecer la certeza jurídica, la planeación territorial y el desarrollo económico de estados y municipios.
La iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados el 9 de septiembre de 2026 y permanece en proceso legislativo. En caso de aprobarse, los congresos estatales tendrían que armonizar sus legislaciones y las autoridades catastrales y registrales implementar los nuevos modelos y plataformas previstos.
Más que un cambio únicamente administrativo, la propuesta busca convertir la información sobre los inmuebles en una herramienta para mejorar la certeza patrimonial, la planeación urbana y la capacidad financiera de los gobiernos locales.