Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 7 de octubre de 2026
El Congreso de Veracruz aprobó una reforma al Código Penal estatal que establece hasta cinco años de prisión y multas de aproximadamente 58 mil 655 pesos para quienes aprovechen accidentes, siniestros o hechos de tránsito para apoderarse de mercancías, objetos o bienes transportados.
La modificación fue aprobada por unanimidad, con 46 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y contempla penas de dos a cinco años de prisión, además de multas de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA vigente en 2026, la sanción máxima equivale a unos 58 mil 655 pesos.
El nuevo tipo penal, incorporado como artículo 208 Bis, busca sancionar a quienes se apoderen deliberadamente de mercancías o bienes aprovechando la vulnerabilidad, confusión o desorden generado después de un accidente o siniestro. La medida contempla unidades de transporte tanto públicas como privadas.
La reforma también tiene un impacto en materia de seguridad carretera y protección económica, debido a que el saqueo de mercancías puede incrementar las pérdidas para transportistas, empresas y propietarios de carga, además de dificultar las labores de atención y auxilio durante una emergencia.
El dictamen establece que la aplicación de las sanciones deberá respetar los principios de legalidad, presunción de inocencia, debido proceso y proporcionalidad, por lo que será necesario acreditar ante la autoridad los elementos del delito y la responsabilidad de la persona involucrada.
Durante la discusión legislativa también se precisó que la reforma no busca criminalizar a quienes se acercan a un accidente para auxiliar a las personas, proteger mercancías o colaborar con las autoridades. El objetivo es diferenciar esas acciones de quienes deliberadamente aprovechan una emergencia para apoderarse de bienes ajenos.
Con esta modificación, Veracruz fortalece su marco jurídico para proteger la actividad del transporte, el patrimonio de particulares y empresas y la seguridad en sus carreteras ante situaciones que pueden agravar las consecuencias económicas y sociales de un accidente.