Por: Redacción El Censal | San Salvador, El Salvador | 19 de noviembre de 2026
El modelo de seguridad penitenciaria del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, gana presencia en América Latina. Desde 2023, al menos siete países han anunciado o iniciado proyectos de megacárceles inspirados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador. De acuerdo con información de la agencia EFE, la región suma propuestas para construir al menos 16 establecimientos de gran capacidad, en una tendencia que refleja la búsqueda de respuestas ante la expansión del crimen organizado y la violencia.
Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Guatemala figuran entre las naciones que han planteado o desarrollado este tipo de infraestructura. Sin embargo, no todos los proyectos tienen el mismo nivel de avance: algunos permanecen en etapa de propuesta, mientras que otros ya comenzaron operaciones o se encuentran en construcción. Esta diferencia es relevante para dimensionar el alcance real de una estrategia que ha ganado visibilidad política en la región.
Costa Rica inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), con capacidad para 5 mil 100 personas privadas de la libertad y características inspiradas en el modelo salvadoreño. En Ecuador, la Cárcel del Encuentro comenzó a recibir internos en noviembre de 2025, mientras que el gobierno de Daniel Noboa anunció otro centro penitenciario con capacidad proyectada para 15 mil reclusos. Paraguay también puso en funcionamiento el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, destinado a personas consideradas de alta peligrosidad, y Argentina construye el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil, conocido como El Infierno.
La expansión de estos establecimientos tiene una dimensión económica y presupuestaria importante. La construcción de complejos penitenciarios de gran capacidad implica inversiones en terrenos, infraestructura, tecnología de vigilancia, equipamiento, alimentación, servicios médicos y personal de custodia. Además del costo inicial, los gobiernos deben considerar el gasto permanente de operación y mantenimiento, así como los recursos destinados a programas de reinserción social.
No obstante, especialistas advierten que aumentar la capacidad penitenciaria no garantiza por sí mismo una reducción de la delincuencia. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, señaló a EFE que algunos gobiernos han replicado principalmente la imagen de las megacárceles y el endurecimiento de las penas, sin necesariamente atender las estructuras que sostienen a las organizaciones criminales.
Una de las preocupaciones señaladas por InSight Crime es que las prisiones latinoamericanas también han funcionado como espacios de operación, reclutamiento y consolidación de grupos delictivos. Entre los casos mencionados se encuentran el Tren de Aragua, el Primer Comando Capital de Brasil y Los Choneros de Ecuador. Por ello, el control efectivo de los centros penitenciarios, la prevención de la corrupción y la investigación financiera de las organizaciones criminales son factores que también inciden en los resultados de las políticas de seguridad.
El modelo salvadoreño también enfrenta cuestionamientos por las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Según la información reportada por EFE, Bukele reconoció que alrededor de 8 mil personas detenidas bajo esa medida habían sido liberadas y que su gobierno estudiaba alternativas de libertad condicional para una parte de los más de 90 mil detenidos. Estos antecedentes mantienen abierto el debate sobre los límites legales de las estrategias de seguridad y las garantías judiciales.
Las diferencias entre los países también dificultan trasladar una misma política penitenciaria a toda la región. Mientras El Salvador enfrentaba principalmente estructuras de pandillas con control territorial local, Ecuador tiene organizaciones vinculadas con redes transnacionales y rutas del narcotráfico; Colombia enfrenta dinámicas relacionadas con el conflicto armado y su transformación en estructuras criminales, y Honduras combina distintas modalidades de delincuencia organizada. Las condiciones institucionales, territoriales y económicas de cada país influyen en la viabilidad de cualquier estrategia.
En este escenario, la discusión sobre las megacárceles trasciende la construcción de infraestructura. Los resultados de una política penitenciaria también dependen de la capacidad de investigación, la procuración de justicia, el combate a la corrupción, la prevención del delito y la reinserción social. Para los gobiernos latinoamericanos, el desafío consiste en evaluar el costo público de estos proyectos y su efectividad a largo plazo, sin reducir la política de seguridad al número de personas que pueden ser recluidas.
La expansión del modelo salvadoreño confirma que las megacárceles se han incorporado al debate regional sobre seguridad, pero su adopción no representa por sí sola una solución comprobada frente al crimen organizado. La evaluación de sus resultados requerirá indicadores verificables sobre violencia, reincidencia, control penitenciario, costos de operación y respeto a los derechos humanos.

