Ciudad de México, 01 de octubre de 2025.- El Senado de la República aprobó el 1 de octubre de 2025, en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley de Amparo. El dictamen obtuvo 76 votos a favor y 39 en contra en lo general, y 70 votos a favor en lo particular.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo federal, busca actualizar el marco jurídico del juicio de amparo e introducir modificaciones tanto en los plazos como en los procedimientos. El proyecto ahora será enviado a la Cámara de Diputados para su revisión.
Principales cambios incluidos en la reforma
- Digitalización del procedimiento: se incorpora la posibilidad de tramitar juicios de amparo en línea, con el mismo valor que los expedientes físicos.
- Plazo máximo para sentencias: los jueces tendrán hasta 90 días naturales para emitir resolución después de la audiencia constitucional.
- Regulación de recusaciones: se agilizan los procedimientos para evitar que se utilicen con fines dilatorios.
- Interés legítimo: se amplía la definición para reconocer afectaciones inminentes o previsibles, además de las directas y actuales.
- Suspensiones: se establece que las medidas cautelares podrán ser negadas cuando se considere que afectan el interés social o el orden público.
- Responsabilidad de servidores públicos: se mantiene la obligación individual de los funcionarios de cumplir las sentencias de amparo.
- Aplicación a juicios en curso: se determinó que las nuevas disposiciones también se apliquen a los amparos en trámite.
Contexto del debate
Durante la discusión, senadores de diferentes grupos parlamentarios expusieron argumentos a favor y en contra de la iniciativa. Quienes la respaldaron señalaron que busca modernizar el sistema y hacer más ágiles los procesos. Por su parte, legisladores que votaron en contra manifestaron preocupaciones sobre el alcance de algunos artículos, particularmente en lo referente a la suspensión de actos de autoridad y la aplicación retroactiva de las nuevas normas.
Lo que sigue
El dictamen pasará a la Cámara de Diputados, donde será discutido en comisiones y posteriormente en el pleno. De ser aprobado sin cambios, se enviará al Ejecutivo para su promulgación. En caso de modificaciones, el Senado tendría que revisar nuevamente el proyecto.
Las autoridades judiciales y legislativas deberán trabajar en la implementación de los ajustes, en especial en lo referente a la digitalización de los procesos y la definición de criterios para la aplicación de las suspensiones.
