Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 11 de febrero de 2026
La inversión pública federal en infraestructura cayó 28% en términos reales en enero de 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retomadas por Expansión. La reducción ocurre en un contexto de ajuste fiscal y menor gasto en obra pública, afectando particularmente carreteras, transporte y proyectos de infraestructura económica.
El dato no es menor. La inversión física presupuestaria es uno de los principales motores de crecimiento regional. Cuando se contrae, el impacto se refleja en menor actividad económica, menos empleo formal y reducción en la atracción de capital privado.
A nivel nacional, la inversión física como proporción del gasto programable se ha venido reduciendo en términos reales respecto a 2024, en línea con el cierre de proyectos prioritarios federales y la consolidación fiscal para 2026. Según la SHCP, el gasto en inversión física presupuestaria se ubicó por debajo del nivel observado en el mismo periodo del año anterior, lo que explica la caída de 28% anual real reportada esta semana.
Veracruz: una señal de alerta estructural
En el caso de Veracruz, el riesgo es doble.
Por un lado, el estado depende en gran medida de transferencias federales para financiar infraestructura. Según datos de la Cuenta Pública estatal y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), más del 85% de los ingresos totales del estado provienen de participaciones y aportaciones federales.
Por otro lado, el propio gasto en inversión pública estatal ha mostrado volatilidad en los últimos años. De acuerdo con cifras del INEGI (Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales), la inversión física estatal como proporción del gasto total ha oscilado entre 8% y 12% en el último sexenio, niveles inferiores a estados industriales que destinan entre 15% y 20%.
La caída federal amplifica la presión sobre los estados con menor margen fiscal.
Del ranking municipal al nivel estatal
El lunes, El Censal publicó el ranking de los municipios veracruzanos que menos invierten en obra pública como proporción de su ingreso total. El hallazgo fue claro: varios municipios destinan menos del 10% de su presupuesto a infraestructura, priorizando gasto corriente.
Ese mismo fenómeno puede analizarse ahora a nivel estatal.
Si Veracruz mantiene una inversión física inferior al promedio nacional mientras la Federación reduce 28% su inversión, el efecto combinado es una contracción acumulada de recursos destinados a infraestructura estratégica.
En términos económicos, el impacto es significativo.
El PIB estatal de Veracruz ronda los 1.35 billones de pesos corrientes (INEGI, último dato anual disponible). Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo estiman que cada punto porcentual de reducción sostenida en inversión pública puede restar entre 0.2 y 0.4 puntos al crecimiento regional en el mediano plazo.
Si la caída federal se traduce en menor ejecución local equivalente a 1% del PIB estatal, el impacto potencial podría representar hasta 13,500 millones de pesos en actividad económica afectada en un año.
Infraestructura y competitividad
La infraestructura no es solo obra pública: es competitividad.
Carreteras, puertos, redes eléctricas y conectividad digital determinan la capacidad de un estado para atraer inversión privada, particularmente en un contexto de nearshoring.
Mientras estados del Bajío y norte del país mantienen altos niveles de inversión en parques industriales y logística, Veracruz enfrenta el desafío de sostener y ampliar su infraestructura estratégica.
La caída federal de 28% no implica necesariamente un desplome estructural permanente, pero sí representa una advertencia: si estados y municipios no compensan con planeación eficiente y mayor proporción de gasto en inversión productiva, el rezago puede ampliarse.
El análisis municipal publicado por El Censal mostró que el problema no es falta de recursos, sino la proporción que se decide invertir en infraestructura.
La discusión ahora escala al nivel estatal.
La pregunta es si Veracruz puede sostener su competitividad con menor inversión pública en un momento donde la relocalización industrial exige precisamente lo contrario.
