Por: Redacción El Censal |Xalapa, Veracruz | 21 de marzo 2026
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reactivó los subsidios a los combustibles en México en medio de la presión internacional sobre los precios del petróleo, elevando el estímulo al diésel hasta 61.80%, mientras que la gasolina Magna recibió un apoyo de 24.08% y la Premium de 7.47%, en una estrategia orientada a contener el impacto inflacionario en la economía nacional.
La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, estará vigente del 21 al 27 de marzo de 2026 y representa un regreso a los estímulos fiscales del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), luego de varios meses sin subsidios generalizados. En términos prácticos, esto significa que el gobierno absorberá parte del impuesto por cada litro de combustible, reduciendo el costo final para los consumidores.
El mayor beneficio se concentra en el diésel, con un subsidio equivalente a 4.55 pesos por litro, lo que reduce significativamente el impuesto que pagan los usuarios. Este enfoque no es casual: el diésel es el principal insumo del transporte de mercancías, por lo que su encarecimiento tiene un efecto directo en los precios de alimentos, productos básicos y servicios logísticos.
Desde una perspectiva económica, la reactivación de los subsidios responde a un entorno internacional adverso. El precio del petróleo ha superado los 100 dólares por barril, impulsado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, lo que presiona al alza los combustibles a nivel global. En este contexto, México —que importa una parte significativa de sus gasolinas— enfrenta un dilema estructural: trasladar el aumento al consumidor o absorberlo vía finanzas públicas.
La decisión de Hacienda apunta claramente a la segunda opción, al menos en el corto plazo. El objetivo es evitar un “efecto dominó” en la inflación, que podría trasladarse rápidamente a toda la economía. De hecho, contener el precio de los combustibles es una de las herramientas más utilizadas para estabilizar el costo de vida, dado su impacto transversal en transporte, producción y consumo.
Sin embargo, esta política tiene un costo fiscal importante. Al reducir o eliminar el IEPS, el gobierno deja de percibir ingresos tributarios relevantes, lo que puede presionar las finanzas públicas si los precios internacionales del petróleo se mantienen elevados durante un periodo prolongado. Expertos advierten que este tipo de subsidios funcionan como un amortiguador temporal, pero no son sostenibles indefinidamente sin afectar el balance fiscal.
Al mismo tiempo, el contexto genera efectos mixtos. Por un lado, el alza del petróleo beneficia a México como exportador de crudo, incrementando los ingresos petroleros. Por otro, encarece la importación de combustibles refinados, lo que obliga a compensar con subsidios y reduce el beneficio neto.
En el plano interno, la medida también se complementa con acuerdos para mantener el precio de la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos por litro, lo que refuerza la estrategia de contención inflacionaria.
En este escenario, la reactivación de subsidios a gasolinas y diésel refleja una política económica defensiva frente a la volatilidad global. Si bien protege el poder adquisitivo de los consumidores en el corto plazo, también plantea un reto para la sostenibilidad fiscal, en un momento donde el equilibrio entre estabilidad de precios y finanzas públicas será clave para la economía mexicana.