Por: Redacción El Censal |Ciudad de México, México | 28 de abril de 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por la presunta participación de cuatro agentes de la CIA de Estados Unidos en un operativo antidrogas realizado en Chihuahua, un caso que ha escalado a nivel político y diplomático y que mantiene bajo presión a la gobernadora María Eugenia Campos, Maru Campos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la mandataria estatal no tenía conocimiento directo de la presencia de los agentes estadounidenses, mientras que el Gobierno federal insiste en que se pudo violar la Ley de Seguridad Nacional.
La polémica surgió tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio de gran escala en la zona de Morelos, Chihuahua, donde participaron elementos estatales y presuntamente agentes de inteligencia de Estados Unidos. El caso salió a la luz luego de un accidente vehicular en la Sierra Tarahumara que dejó varias víctimas mortales, entre ellas dos agentes estadounidenses vinculados a la operación, lo que provocó cuestionamientos sobre la legalidad de su presencia en territorio mexicano y la falta de notificación al Gobierno federal.
De acuerdo con Harfuch, Maru Campos no fue informada previamente sobre la intervención de estos agentes y tampoco existió autorización formal del gabinete federal de seguridad para una participación operativa extranjera. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que las leyes mexicanas prohíben que gobiernos estatales establezcan este tipo de coordinación directa con agencias extranjeras sin el aval correspondiente de la Federación, por lo que la FGR deberá determinar responsabilidades.
La propia gobernadora reconoció que se encuentra bajo investigación y evitó profundizar en declaraciones públicas. Además, rechazó asistir a una reunión convocada por el Senado para explicar el caso, argumentando que no quería comprometer las diligencias en curso ni divulgar información reservada relacionada con seguridad nacional. En respuesta, el Gobierno de Chihuahua informó la creación de una Unidad Especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril.
La crisis también provocó la renuncia del fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien dejó el cargo tras el escándalo por la colaboración no autorizada con los agentes estadounidenses. Aunque aceptó omisiones en la gestión del caso, el Gobierno federal ha dejado claro que la salida del funcionario no cierra la investigación y que “el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad”, como expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina.
Especialistas consideran que este episodio podría tensar aún más la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en un contexto donde la cooperación en seguridad enfrenta nuevas restricciones políticas y legales. También reabre el debate sobre los límites de la colaboración internacional contra el narcotráfico y la soberanía nacional frente a operaciones encubiertas o no transparentadas.
Mientras la FGR avanza en las indagatorias, el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua ya se convirtió en uno de los mayores escándalos de seguridad de 2026, con repercusiones que alcanzan al gobierno estatal, al Senado y a la relación diplomática entre ambos países. La definición sobre quién autorizó la operación y bajo qué condiciones será clave para determinar si hubo responsabilidades administrativas, penales o incluso consecuencias políticas de mayor alcance.