Por: Redacción El Censal |Ciudad de México, Mexico | 27 de abril de 2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descalificó la investigación anunciada por el Gobierno de Chihuahua sobre la presencia y muerte de dos agentes estadounidenses en un operativo contra laboratorios clandestinos en la sierra del estado, al considerar que el caso no requiere una nueva unidad especial, sino determinar con claridad si la autorización provino de la Fiscalía estatal o de la Secretaría de Seguridad local. La mandataria sostuvo que la participación de agentes extranjeros sin notificación al Gobierno federal representa una posible violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
El caso se originó tras un operativo realizado entre el 17 y 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fueron desmantelados laboratorios de drogas sintéticas. Posteriormente, un vehículo en el que viajaban dos agentes estadounidenses —reportados por medios internacionales como presuntos agentes de la CIA— junto con dos funcionarios mexicanos cayó a un barranco, provocando la muerte de los cuatro ocupantes. Reuters reportó que uno de los estadounidenses habría ingresado al país con visa de turista y sin acreditación oficial para realizar actividades de seguridad.
Ante estos hechos, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció la creación de una unidad especializada para investigar lo ocurrido. Sin embargo, Sheinbaum cuestionó públicamente esa decisión y afirmó que no se requieren “tantas unidades de investigación”, ya que la responsabilidad solo puede ubicarse en dos posibles instancias: la Fiscalía General de Justicia del Estado o la Secretaría de Seguridad estatal. “O fue la Fiscalía o fue el Gobierno, no hay de otra”, señaló durante su conferencia matutina.
La presidenta insistió en que el Gobierno federal no fue informado previamente sobre la participación de agentes extranjeros en territorio nacional y que no se siguieron los procedimientos legales establecidos para este tipo de colaboración internacional. Según explicó, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya había advertido a la administración estatal que esto constituye una posible infracción legal y un tema de soberanía nacional.
El tema ha escalado a nivel diplomático porque ocurre en medio de una relación delicada entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral. Mientras la administración de Donald Trump ha endurecido su discurso sobre intervención directa contra los cárteles, Sheinbaum ha reiterado que México acepta intercambio de inteligencia, pero no operaciones unilaterales de agencias extranjeras dentro del país.
Desde una perspectiva política, el caso también abre una confrontación institucional entre el Gobierno federal y la administración panista de Chihuahua. La discusión no solo gira en torno al operativo fallido, sino al control de la estrategia de seguridad y a los límites legales de la cooperación internacional en un contexto donde la violencia ligada al narcotráfico sigue siendo una de las principales preocupaciones nacionales.
Especialistas en seguridad nacional advierten que permitir operaciones extranjeras sin autorización federal debilita la capacidad del Estado mexicano para controlar su política de seguridad y puede sentar precedentes delicados frente a futuras intervenciones. Además, el uso de visas turísticas para realizar actividades de inteligencia o combate al crimen agrava el conflicto legal y diplomático.
Desde el ángulo económico, este tipo de tensiones también puede impactar la confianza institucional y la percepción internacional sobre la estabilidad del país, particularmente en estados fronterizos e industriales donde la seguridad es un factor clave para inversión, comercio y desarrollo logístico. Chihuahua, por su cercanía con Estados Unidos y su peso manufacturero, se vuelve un punto especialmente sensible.
Sheinbaum también pidió que antes de hablar de sanciones políticas o incluso de un eventual juicio político contra la gobernadora, primero debe aclararse plenamente qué ocurrió y quién autorizó la presencia de los agentes estadounidenses. La prioridad, dijo, debe ser esclarecer responsabilidades y garantizar que la ley se cumpla.
Con dos agentes de Estados Unidos fallecidos, una posible violación constitucional y una disputa abierta entre Federación y Gobierno estatal, el caso Chihuahua se ha convertido en uno de los temas más delicados de abril. Más allá del accidente, el fondo del conflicto es claro: quién controla la seguridad nacional y hasta dónde puede llegar la cooperación extranjera dentro de México.