Por: Redacción El Censal|Ciudad de México, México| 01 abril de 2026
La reforma a la Ley Aduanera en México, vigente desde 2026, ha encendido alertas en Estados Unidos luego de que la Oficina del Representante Comercial (USTR) advirtiera que los cambios podrían constituir barreras no arancelarias que dificultan el comercio bilateral, especialmente para exportadores estadounidenses.
De acuerdo con el informe oficial de la USTR, las nuevas disposiciones han incrementado la complejidad en los procesos de importación hacia México, al exigir mayor volumen de información por operación y ampliar las responsabilidades legales de los agentes aduanales, quienes ahora enfrentan sanciones más severas en caso de errores o incumplimientos.
Uno de los principales cambios es el fortalecimiento de las facultades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que ahora puede retener o incautar mercancías con mayor facilidad, como parte de una estrategia del gobierno mexicano para combatir el contrabando y la evasión fiscal.
Además, la reforma introduce limitaciones operativas para los agentes aduanales, como restricciones en el número de puertos donde pueden trabajar si no pertenecen a una agencia, lo que, según Estados Unidos, podría contravenir disposiciones del T-MEC relacionadas con la libre operación comercial.
En términos técnicos, estas medidas se consideran “barreras no arancelarias”, es decir, regulaciones que no implican impuestos directos como los aranceles, pero que pueden restringir el comercio al elevar costos administrativos, tiempos de despacho o requisitos regulatorios.
La reforma, aprobada a finales de 2025, también impulsa la digitalización del comercio exterior mediante expedientes electrónicos, monitoreo en tiempo real y transmisión obligatoria de datos, lo que busca mejorar la trazabilidad de mercancías y fortalecer la fiscalización. Sin embargo, este endurecimiento regulatorio ha sido interpretado por autoridades estadounidenses como un posible obstáculo para sus exportaciones.
Desde una perspectiva económica, el señalamiento ocurre en un momento clave, previo a la revisión del T-MEC programada para 2026, donde temas como aranceles, reglas de origen y barreras comerciales serán centrales en la negociación. La relación comercial entre ambos países es altamente dependiente, ya que más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, lo que amplifica cualquier tensión regulatoria.
Para México, la reforma responde a la necesidad de fortalecer el control aduanero en un contexto marcado por prácticas como el contrabando técnico y la evasión fiscal, que han afectado la recaudación y la competencia interna. No obstante, el reto será equilibrar estos objetivos con la facilitación del comercio internacional, especialmente dentro del marco del T-MEC.
Analistas advierten que, aunque las medidas pueden mejorar la supervisión y la recaudación, también podrían incrementar costos logísticos y administrativos para empresas, afectando la competitividad si no se implementan con eficiencia. En este sentido, el debate no solo gira en torno a la legalidad de las disposiciones, sino a su impacto práctico en las cadenas de suministro de América del Norte.
En este contexto, la advertencia de Estados Unidos sobre posibles barreras no arancelarias refleja un nuevo punto de fricción en la relación comercial bilateral, en un año clave para la redefinición del acuerdo regional y el futuro del comercio entre ambas economías.