Edgar Sandoval Pérez
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“Sanear las finanzas públicas, es devolverles a los municipios la capacidad de transformar recursos en bienestar.”
Hay decisiones de política financiera que parecen frías cuando se leen en un comunicado, pero que cambian de manera muy concreta la vida de un municipio. La liquidación de la deuda bursátil de los 199 ayuntamientos de Veracruz, anunciada el 15 de julio de 2026 por la gobernadora Rocío Nahle García, es una de ellas, y vale la pena mirarla no desde el aplauso fácil, sino desde los datos duros que la sostienen.
El esquema nació en 2008, cuando el Gobierno del Estado autorizó a los municipios a bursatilizar una parte de sus participaciones federales a cambio de liquidez inmediata: mil 208 millones de pesos contratados, de los cuales el 82.2% quedó indexado a Unidades de Inversión (UDIS) y con una sobretasa de 2.85%, muy por encima del 0.6-0.8% que entonces prevalecía en el mercado. Ese diseño financiero, más que el monto original, fue lo que convirtió la deuda en una carga estructural: entre 2008 y julio de 2026 los municipios y el Estado pagaron 2 mil 572.9 millones de pesos —735.4 millones de capital y 1,837.5 millones de intereses—, y de haber seguido el calendario original hasta 2036, habrían tenido que desembolsar otros 2 mil 266 millones. Dicho de otra forma: se pagaría casi cuatro veces lo originalmente contratado por un crédito que, en términos reales, ya se había cubierto varias veces.
Lo que permitió cerrar el esquema una década antes no fue una condonación ni un nuevo endeudamiento, sino la localización de mil 085 millones de pesos en tres cuentas del fideicomiso —participaciones, soporte y fondo de reserva— que no estaban siendo transparentadas ni a los municipios ni al propio Estado. El secretario de Finanzas y Planeación, Dr. Miguel Santiago Reyes Hernández, explicó con detalle técnico que, sumando esos recursos recuperados a una aportación estatal adicional de aproximadamente 500 millones de pesos, fue posible saldar la totalidad del pasivo el 14 de julio, sin que ningún ayuntamiento tuviera que aportar un peso extra. Es un dato que importa subrayar: la liquidación no se hizo “a como diera lugar” con nueva deuda, sino con dinero que legítimamente ya pertenecía al esquema y que simplemente no se estaba usando para pagarlo.
Que esto ocurra en paralelo a mejoras crediticias verificables por agencias independientes le da consistencia al anuncio y lo saca del terreno de la propaganda. En los meses recientes, Moody’s Local México y HR Ratings otorgaron calificaciones AAA.mx y HR AAA(E) a nuevos financiamientos sustitutos del Estado, y Moody’s elevó la perspectiva de Veracruz de estable a positiva, argumentando niveles de liquidez robustos y una reducción sostenida de pasivos contingentes. No es un juicio político, es una evaluación técnica de terceros que valida la dirección del saneamiento financiero.
El efecto práctico es el que más debería importarnos: a partir de agosto, los 199 municipios recibirán íntegras sus participaciones federales, sin descuentos automáticos. Para alcaldías como Veracruz, la más endeudada bajo este esquema, o municipios de alta marginación como Jesús Carranza, eso se traduce en presupuesto real para agua potable, drenaje, alumbrado e infraestructura básica.
No es una solución mágica a los rezagos históricos del estado, pero sí es, con datos en la mano, uno de los pocos casos en que una losa financiera de 18 años se cerró antes de tiempo y sin trasladar el costo a la ciudadanía. Eso, más allá del color político, es una buena noticia para las finanzas públicas veracruzanas.
Vale reconocer, a título personal, que cerrar en menos de un año de gestión un pasivo que arrastraban 199 municipios desde hace casi dos décadas no es un logro menor ni automático; requirió voluntad política para auditar a fondo el fideicomiso, negociar con la Federación y con la banca, y sostener la decisión pese a las dudas razonables que surgieron en el camino. Ese mérito le corresponde a la gobernadora Rocío Nahle García y a su equipo de finanzas, y conviene decirlo con la misma franqueza con que se señalan los pendientes: cuando los números respaldan una decisión, reconocerlo no es propaganda, es simplemente justicia con los hechos.