El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a dos altos mandos del Cártel del Noreste (CDN), una organización criminal mexicana designada como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció el 21 de mayo que Miguel Ángel de Anda Ledezma y Ricardo González Sauceda, ambos residentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, han sido sancionados por su implicación en actividades delictivas graves, incluyendo tráfico de drogas, armas y personas, así como actos de violencia y terrorismo.
Perfil de los sancionados
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Miguel Ángel de Anda Ledezma: Se le acusa de supervisar la compra y traslado de armas desde Estados Unidos hacia México mediante el uso de compradores ficticios. Una de estas armas fue utilizada en un ataque contra el Ejército mexicano en 2024.
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Ricardo González Sauceda: Conocido como “El Ricky”, era el segundo al mando del CDN y lideraba una célula armada responsable de varios ataques, incluido uno en agosto de 2024 que resultó en la muerte de dos soldados mexicanos. Fue detenido en febrero de 2025 por las autoridades mexicanas.
Alcance de las sanciones
Las sanciones incluyen el congelamiento de todos los activos de los individuos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ellos por parte de personas o entidades estadounidenses. Además, la OFAC advirtió que cualquier colaboración con los sancionados podría resultar en sanciones secundarias para bancos o empresas extranjeras. Coordinación binacional
Estas medidas forman parte de una estrategia coordinada entre agencias estadounidenses como la DEA y la ATF, y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, para combatir el crimen organizado transnacional. El Cártel del Noreste, sucesor de Los Zetas, mantiene una fuerte presencia en los estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, y es acusado de múltiples delitos, incluyendo extorsiones, secuestros, asesinatos, tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y robo de combustibles.
Estas acciones reflejan el compromiso de Estados Unidos en desmantelar las redes criminales que amenazan la seguridad en ambos lados de la frontera.
