Rosy Wendoli Carrillo Ovando
Economista, especialista en comercio exterior y maestra en economía ambiental. Candidata a doctora en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Docente en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Líneas de investigación: desigualdad económica, complejidad económica, desarrollo sustentable y economía ambiental.
Contacto: roscarrillo@uv.mx
A propósito de la 88 Convención Bancaria en el Estado de Nayarit y la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum de realizar una revisión del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), vale la pena recordar por qué este tema es tan importante a pesar de que han transcurrido 3 décadas de este acontecimiento.
Durante los últimos años de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, el país experimentó un crecimiento económico que era financiado por instrumentos de deuda en dólares (Tesobonos) y un déficit de cuenta corriente muy elevado. Este periodo también se caracterizó por una moneda sobrevaluada y tensiones políticas debido al asesinato de Luis Donaldo Colosio y el levantamiento del EZLN, lo que finalmente ocasionó la desconfianza entre inversionistas.
Cuando Ernesto Zedillo entra a la presidencia toma la decisión de devaluar el peso lo que desencadenó una fuga masiva de capitales y la imposibilidad de mantener el tipo de cambio. Estos sucesos marcaron la crisis económica de 1994. El tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense estaba en aproximadamente 3.4 pesos por dólar, para marzo de 1995 llegó a más de 7.2 pesos por dólar.
El Fobaproa había sido creado en 1990 con el fin de responder a las crisis bancarias, en 1995 se utilizó para evitar que se agravara la crisis económica. Este rescate consistió en comprar la deuda de 12 bancos mexicanos privados por 552 300 millones de pesos (lo que representaba 11% del PIB) en deuda pública para salvar aproximadamente 14 millones de cuentas de ahorro mexicanas.
El rescate les permitió a los bancos sobrevivir a la crisis. Sin embargo, que el Fobaproa se convirtiera en deuda pública, significó un costo para los contribuyentes mexicanos. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2024, la deuda del Fobaproa alcanzó 1 billón 159 485 millones de pesos, saldo que sigue cubriéndose por los contribuyentes.
Desde un punto de vista económico, este rescate representa un fracaso y un ejemplo de cómo no debe gestionarse una crisis bancaria en contextos institucionalmente frágiles.
Diversos analistas coincidieron en que, antes de asumir la deuda bancaria, el Estado debió haber realizado auditorías rigurosas a las instituciones financieras, condicionando cualquier apoyo a la remoción de los directivos responsables y a una reestructuración interna de los bancos. Asimismo, sostienen que el rescate debió centrarse exclusivamente en la protección de los ahorradores, y no en la absorción generalizada de pasivos privados.
Algunos ejemplos internacionales de cómo se han manejado crisis bancarias son Suecia que, en 1991, nacionalizó temporalmente a los bancos con problemas, y el Estado obtuvo acciones a cambio del rescate. Una vez reestructurados, los bancos fueron reprivatizados y el Estado recuperó la mayor parte del dinero invertido. Otro ejemplo es Islandia en 2008 que, dejó que se fueran a la quiebra sus principales bancos y protegió solo a los depositantes nacionales. Además, se procesó penalmente a varios banqueros y se redactó una nueva constitución.
En el caso mexicano se priorizó la “estabilidad macroeconómica” a costa de la legitimidad democrática. El costo no fue sólo financiero. También fue político e ideológico. El Fobaproa alimentó la desconfianza hacia las instituciones, debilitó la credibilidad de las políticas económicas y profundizó la idea de que el Estado protege a los grandes intereses mientras abandona a la ciudadanía común. Este sentimiento no ha desaparecido. De hecho, ha dado forma a buena parte del discurso político actual sobre corrupción, privilegios y justicia fiscal.
Hoy, en un contexto distinto, pero con la persistencia de grandes problemáticas como las presiones inflacionarias, la baja recaudación tributaria y persistente desigualdad, la revisión del Fobaproa no puede limitarse a un ajuste de cuentas con el pasado. Debe servir como punto de partida para repensar el papel del Estado en la economía.
Sanear la memoria del Fobaproa no implica borrarla, sino aprender de ella. Esto exige avanzar hacia un nuevo pacto fiscal y financiero que privilegie la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas. Solo a través de estas bases será posible evitar que, ante futuras crisis, se repitan decisiones que socialicen las pérdidas y privaticen las ganancias.
