La reciente implementación de la Ley Silla en México ha generado preocupaciones en los sectores de comercio, servicios y turismo, debido a una reducción significativa en las horas efectivas laborales. Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), esta normativa ha provocado una disminución de hasta 6.5 horas en la jornada laboral diaria, lo que equivale a una pérdida del 18.75% en el tiempo operativo pagado.
La Ley Silla, que entró en vigor el 17 de junio de 2025, establece el derecho de los trabajadores a contar con sillas con respaldo y pausas activas durante su jornada laboral. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aún no ha definido aspectos técnicos esenciales sobre las pausas activas, lo que ha generado ambigüedad y posibles interpretaciones arbitrarias.
Ante esta situación, los empleadores solicitan la definición de lineamientos claros que establezcan los horarios y la duración de los descansos sentados, especialmente para aquellos trabajadores que laboran de pie durante toda su jornada. Actualmente, la norma permite que cada empleador determine los esquemas de descanso mediante evaluaciones de riesgo, lo que ha generado incertidumbre en su aplicación.
Además, la falta de lineamientos técnicos mínimos ha llevado a una reducción efectiva del tiempo de trabajo productivo. Por ejemplo, en una jornada laboral de 8 horas, los empleados realizan dos pausas activas de 15 minutos cada una, más un descanso de comida de 30 minutos, lo que suma un total de 1 hora no productiva pero sí pagada. Esto implica que, de una jornada laboral de 48 horas semanales, solo se trabajan efectivamente 42 horas, aunque el empleador cubre un salario por 48 horas.
La implementación de la Ley Silla busca mejorar las condiciones laborales y prevenir problemas de salud derivados de la bipedestación prolongada. Sin embargo, la falta de lineamientos claros y la ambigüedad en su aplicación han generado desafíos para los empleadores, quienes deben equilibrar el cumplimiento de la ley con la necesidad de mantener la productividad operativa.
En conclusión, la Ley Silla representa un avance en la protección de los derechos laborales, pero su implementación requiere de una regulación más precisa y detallada para evitar impactos negativos en la productividad y garantizar su efectividad en la mejora de las condiciones laborales.