Ciudad de México, 30 de enero de 2026. — México se prepara para una evaluación internacional de sus medidas contra el lavado de dinero por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que revisa el cumplimiento de estándares globales para prevenir el blanqueo de activos vinculados al narcotráfico, el fraude, la corrupción y otros delitos. La revisión, programada para este año, llega en un momento en que expertos y autoridades señalan vacíos importantes en los controles y mecanismos de supervisión del país.
La evaluación del GAFI no solo implica un examen técnico de la legislación, sino también de cómo se aplican y funcionan realmente los mecanismos de prevención, incluyendo la capacidad de entidades públicas y privadas para detectar, investigar y reportar actividades financieras sospechosas. El resultado de esta revisión influirá en la credibilidad de México ante inversionistas y socios comerciales, y puede afectar la cooperación internacional en materia financiera y de seguridad.
Señalamientos de debilidades y fallas en controles
Aunque México ha reforzado su marco legal, incluyendo reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) que entraron en vigor en 2025 para ampliar obligaciones a sectores como inmobiliario, joyerías y criptomonedas, las autoridades aún enfrentan desafíos operativos significativos.
Una de las críticas más visibles surge de casos como los de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, instituciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló en 2025 como “fuentes de preocupación” por presuntas operaciones ilícitas relacionadas con el lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Aunque México ha tomado medidas, incluidos cambios de propiedad y sanciones, la percepción de controles insuficientes ha permeado en evaluaciones externas.
Expertos como Gabriel Regino, abogado y académico especializado en derecho penal, han advertido que “faltan controles y hay actividades vulnerables que siguen desarrollándose fuera de los márgenes de la ley”, lo que podría impactar de forma negativa en la próxima revisión de GAFI.
Operación real vs. legislación en papel
La revisión del GAFI no solo contrastará lo que está escrito en la ley con la práctica real, sino que también evaluará si las autoridades mexicanas pueden convertir millones de reportes de operaciones vulnerables en acciones efectivas. En 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió más de 10 millones de avisos de actividades vulnerables, pero solo presentó una fracción de denuncias formales, lo que evidencia retos en la conversión de datos en resultados prácticos de combate al lavado.
Además, organizaciones del sector financiero han alertado que la adopción de tecnologías emergentes, como inteligencia artificial y sistemas automatizados de monitoreo, todavía es incipiente en muchas instituciones, lo que limita la capacidad para detectar patrones complejos de lavado de dinero en tiempo real.
Sanciones internas y supervisión regulatoria
En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto sanciones por deficiencias en controles antilavado, incluidas multas a bancos, casas de cambio y entidades financieras por no reportar operaciones inusuales o no contar con sistemas adecuados de monitoreo. Solo entre 2024 y 2025, se documentaron sanciones por cientos de millones de pesos por fallas en la prevención del blanqueo de recursos.
Sin embargo, el reto persiste: aunque la legislación y sanciones han aumentado, expertos y reguladores coinciden en que los mecanismos de control no siempre se traducen en prevención efectiva, en especial cuando se trata de operaciones complejas o de actores fuera del sistema formal, como cárteles de la droga o redes de financiamiento ilícito.
Impacto de la evaluación del GAFI
El GAFI aplicará una metodología rigurosa que incluye entrevistas con autoridades, revisión de decomisos, análisis de denuncias y evaluación de los resultados concretos del sistema mexicano de prevención y combate al lavado de dinero. La evaluación determinará si México cumple, cumple parcialmente o no cumple con las recomendaciones del organismo, que incluyen elementos como debida diligencia, transparencia en beneficiarios finales y colaboración internacional efectiva.
Un resultado desfavorable podría generar consecuencias reputacionales y presiones para reformar aún más el marco normativo, además de posibles alertas de riesgo para inversionistas internacionales. Sectores empresariales y autoridades han señalado que 2026 será un año clave para ajustar procesos y fortalecer controles frente a la revisión del GAFI.
