La iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado una fuerte controversia en México. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) ha expresado su preocupación, señalando que varios aspectos de la propuesta podrían violar compromisos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y representar un retroceso en términos de libertad de expresión y competencia económica.
Uno de los puntos más críticos es la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que concentraría amplias facultades regulatorias, anteriormente distribuidas entre las secretarías de Economía y Gobernación. El IDET advierte que esta centralización podría permitir la censura de contenidos en medios tradicionales y digitales, al otorgar a la ATDT la autoridad para evaluar la “veracidad de la información” difundida por comunicadores y plataformas .
Además, la reforma contempla la posibilidad de imponer sanciones económicas a medios y plataformas digitales que no cumplan con los lineamientos establecidos, lo que, según el IDET, podría tener un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y la operación de servicios digitales en el país .
En el ámbito internacional, el IDET señala que la reforma podría contravenir disposiciones del T-MEC, especialmente aquellas relacionadas con la independencia de los reguladores y la promoción de la competencia. La posibilidad de que empresas estatales operen como monopolios en el sector de telecomunicaciones es vista como una violación directa a los acuerdos comerciales, lo que podría derivar en disputas legales internacionales .
Ante estas preocupaciones, la presidenta Sheinbaum ha decidido frenar temporalmente la aprobación de la ley para permitir una revisión más detallada y abrir un espacio de diálogo con expertos y legisladores. Este movimiento busca abordar las críticas y garantizar que la legislación final respete los compromisos internacionales y los derechos fundamentales de los ciudadanos .
La situación actual refleja la complejidad de equilibrar la regulación del espacio digital con la protección de las libertades individuales y el cumplimiento de acuerdos internacionales. El debate en torno a esta reforma continuará siendo un tema central en la agenda política y social de México en los próximos meses.