Rosy Wendoli Carrillo Ovando
Economista, especialista en comercio exterior y maestra en economía ambiental. Candidata a doctora en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Docente en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Líneas de investigación: desigualdad económica, complejidad económica, desarrollo sustentable y economía ambiental.
Contacto: roscarrillo@uv.mx
Desde hace algunos años en el país ha predominado un discurso que gira en torno al bienestar social. Esto ha estado soportado por el incremento de programas de transferencias como las pensiones universales, las becas escolares, los apoyos a mujeres y jóvenes, todo con el propósito de enmendar décadas de rezago. Por supuesto que es importante, como ignorar que México es un país donde 47 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional.
Pero ante este contexto, cabe hacerse una pregunta: ¿el ritmo y enfoque de este tipo de política es sostenible? O acaso, ¿estamos repitiendo una historia conocida?
La política antes mencionada está relacionada con el incremento significativo del gasto público. De 2018 a 2025 el gasto total en programas sociales de 1.1 a 1.9 billones de pesos, esto representa el 5.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se tienen los mayores niveles de deuda pública de los últimos seis años, lo que representa alrededor del 61% del PIB. Además, algo preocupante es que el costo financiero de esta deuda representa el 3.8% del PIB.
La historia ya nos mostró este episodio a principios de la década de los años ochenta. Aquellos tiempos cuando México vivía una época de abundancia petrolera que permitió al gobierno financiar un amplio gasto social. Con recursos que se creían inagotables, se expandieron las empresas paraestatales, se multiplicaron los subsidios y se prometieron apoyos para todos. Pero este modelo se cimentaba en deuda externa, y cuando las tasas de interés subieron y el precio del petróleo cayó, estalló la crisis de la deuda de 1982. El país enfrentó una crisis severa, fuga de capitales y se enfrentó a décadas de marchas forzadas y programas de ajuste estructural.
Los hechos históricos no se están repitiendo, pero las señales de advertencia están ahí. Ahora hablamos de deuda interna y no externa, pero la dinámica es parecida y en el mediano plazo puede volverse insostenible. Además, también se propone un sistema de salud universal y gratuito, vivienda digna, nacionalización de sectores estratégicos, entre muchos otros; ¿de dónde saldrán los recursos?
No me malinterpreten, la literatura teórica y empírica ha demostrado que el capital humano es uno de los principales determinantes del desarrollo económico a largo plazo. Pero el capital humano no sólo implica transferencias, además de la cantidad importa la calidad de la educación, la cobertura efectiva, la movilidad social, la generación de empleo. Todo esto exige no sólo la repartición de recursos, sino la recaudación y planeación con visión de largo plazo.
No está a discusión si se debe apoyar a los más pobres…sino cómo debería hacerse sin comprometer el futuro del país. Como mencioné en textos anteriores, se requiere de una reforma fiscal progresiva, programas de combate a la precarización laboral y una política de desarrollo con sentido regional.
