Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 1 de Febrero 2026
En los municipios de Veracruz donde las remesas marcan la diferencia entre subsistencia y empobrecimiento, el ligero aumento del 1 % en los envíos desde Estados Unidos durante 2025 parece, en el mejor de los casos, un espejismo estadístico. Aunque el estado figura entre las pocas entidades del país con crecimiento marginal en recepción de remesas, el impacto real para las familias ha sido una contracción silenciosa: cada dólar enviado vale 14 % menos que el año anterior.
Y detrás de este ajuste económico hay una maquinaria más grande que opera al norte del Río Bravo: las acciones del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) —la agencia encargada de la detención y deportación de migrantes indocumentados— han endurecido sus operativos en el último año, lo que ha limitado la capacidad laboral de cientos de miles de mexicanos, incluidos miles de veracruzanos.
“El dinero llega, pero ya no rinde”
En comunidades como Naolinco, Cosautlán, Alpatláhuac o zonas del sur de Veracruz, donde más del 30 % de los hogares depende directa o indirectamente de familiares en EE. UU., las remesas no solo sostienen el consumo cotidiano. Financian tratamientos médicos, pagan colegiaturas, mantienen pequeños negocios y representan un flujo económico vital para decenas de micronegocios en pueblos intermedios.
“Mi hijo manda lo mismo, 300 dólares cada mes, pero entre el tipo de cambio y lo caro que está todo, ya no nos alcanza como antes”, cuenta doña Esther, habitante de Ixhuatlán del Café, cuyo hijo trabaja en Alabama desde hace cinco años.
El Banco de México reportó que el volumen de remesas hacia Veracruz durante 2025 fue de aproximadamente 2,025 millones de dólares, un aumento marginal de +0.9 % respecto a 2024, mientras que a nivel nacional se registró una caída acumulada de 5.1 %.
Pero ese dato omite una variable esencial: la apreciación del peso frente al dólar. Durante gran parte del año, el tipo de cambio osciló entre los 16.80 y 17.20 pesos por dólar, frente a los casi 19 pesos del año anterior, lo que redujo significativamente el poder de compra de los receptores.
ICE y el freno al flujo económico migrante
Más allá de la macroeconomía, la presión migratoria ha tenido efectos tangibles. ICE intensificó sus acciones de deportación y vigilancia en estados como Texas, California y Georgia durante 2025, en línea con una política federal que endureció los requisitos para contratación laboral de extranjeros sin documentos vigentes.
Según datos del propio ICE, el número de deportaciones de mexicanos aumentó en un 11 % en comparación con 2024, y de ellos, una proporción significativa son trabajadores migrantes que enviaban remesas regularmente. Los efectos de estas detenciones no solo interrumpen el envío inmediato de dinero, sino que reducen la estabilidad laboral y generan miedo en las comunidades migrantes.
En paralelo, la reducción de horas de trabajo, pagos en efectivo y cambios en los patrones de consumo en EE. UU., particularmente entre los migrantes indocumentados, ha llevado a muchos a enviar solo una fracción de lo que solían enviar.
El efecto en los municipios veracruzanos
Aunque no existen datos desagregados por municipio para 2025, estudios del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Anuario de Migración y Remesas 2024 indican que al menos 22 municipios veracruzanos reciben más del 20 % de su ingreso local agregado vía remesas. Municipios como Orizaba, Córdoba, Acayucan y Coatzintla están entre los más expuestos a fluctuaciones de este tipo.
Los efectos no son solo familiares: hay una desaceleración en el consumo minorista, un incremento en solicitudes de apoyos sociales y una contracción del crédito informal, particularmente en municipios rurales donde las remesas son frecuentemente utilizadas como respaldo para préstamos personales o familiares.
Una contracción silenciosa
Si bien Veracruz no experimentó una caída absoluta en el volumen de remesas, el impacto en el ingreso efectivo de los hogares sí fue considerable. El cálculo combinado entre la pérdida del poder adquisitivo, la reducción en frecuencia de envíos y la apreciación del peso, implica que la economía local operó con al menos un 10–14 % menos de flujo disponible por este canal.
Esto ocurre en un año donde el crecimiento económico estatal se mantuvo estancado en torno al 0.8 %, y donde la inflación en productos básicos como alimentos y medicamentos superó el 7 % en algunas regiones. El resultado: hogares con más presión financiera, menos capacidad de ahorro y mayor dependencia de subsidios o redes informales de apoyo.
