Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 05 de Febrero 2026
Los operativos recientes contra máquinas tragamonedas ilegales, conocidas como “mini casinos”, han revelado en Veracruz un fenómeno que va más allá de un problema de orden público: se trata de un mercado ilícito con impacto económico medible, que genera ingresos constantes para grupos delictivos, presiona a pequeños comercios y deja fuera de la recaudación fiscal millones de pesos cada año.
De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), cada máquina tragamonedas clandestina puede generar hasta 14 mil pesos mensuales. Estos recursos provienen de apuestas informales realizadas en tiendas de abarrotes, bares, misceláneas y locales de barrio donde los equipos son colocados sin autorización y, en muchos casos, bajo esquemas de extorsión.
Las investigaciones de la FGE indican que este tipo de aparatos opera principalmente en zonas urbanas de alta afluencia, como Xalapa, Veracruz puerto, Córdoba, Orizaba y Tuxpan, aunque también se han detectado en municipios medianos y pequeños. En operativos recientes, autoridades estatales y federales han asegurado decenas de máquinas en un solo evento, junto con efectivo producto de las apuestas, lo que da una dimensión clara del flujo de dinero que se mueve diariamente fuera del sistema financiero formal.
Un impacto económico que no paga impuestos
Si se toma como referencia la cifra oficial de 14 mil pesos mensuales por máquina, el impacto económico se vuelve relevante. Con un escenario conservador de 500 tragamonedas operando en el estado, el ingreso ilícito podría ascender a 7 millones de pesos al mes, es decir, más de 84 millones de pesos al año. Ese dinero no paga impuestos, no genera seguridad social ni contribuye a las finanzas estatales, y termina financiando estructuras criminales.
Para dimensionar el contraste, la actividad de juegos y sorteos legales en México está regulada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y sujeta a permisos, supervisión e impuestos. Los mini casinos ilegales, en cambio, operan al margen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, lo que representa una competencia desleal para cualquier actividad formal y un riesgo para consumidores y comerciantes.
Comercios atrapados y riesgos sociales
Autoridades estatales han reconocido que muchos negocios aceptan estas máquinas por presión o amenazas, integrándose de forma involuntaria a esquemas de cobro de piso. Además del impacto económico, especialistas advierten sobre riesgos sociales, como el fomento de la ludopatía en comunidades vulnerables y el uso de estos establecimientos como puntos para otras actividades ilícitas.
La Guardia Nacional, en coordinación con policías estatales, ha reforzado operativos para retirar equipos, clausurar locales y abrir carpetas de investigación. No obstante, funcionarios reconocen que el decomiso, por sí solo, no elimina el incentivo económico detrás del negocio.
El reto para Veracruz
El crecimiento de los mini casinos ilegales plantea un doble desafío para Veracruz: seguridad pública y economía. Mientras exista un mercado que mueve millones de pesos sin regulación, el riesgo de expansión permanece. Para analistas en finanzas públicas, el combate efectivo requiere acciones sostenidas, persecución de las redes que operan y una estrategia que proteja a los pequeños comerciantes.
En un estado con limitaciones presupuestales, los recursos que hoy alimentan a la economía ilegal podrían representar ingresos fiscales, empleos formales y mayor control, si se erradica el juego clandestino. Por ahora, las tragamonedas ilegales siguen siendo un negocio silencioso, rentable y costoso para Veracruz.
