Por:Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz| 17 de abril de 2026
El Congreso de Veracruz aprobó una reforma para endurecer el combate al lavado de dinero, estableciendo sanciones de hasta 586 mil pesos en multas y penas de hasta 15 años de prisión, en una medida que busca cerrar vacíos legales y fortalecer la persecución de este delito en la entidad.
La modificación al artículo 230 del Código Penal estatal amplía el alcance de las conductas sancionadas, incluyendo no solo a quienes realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también a quienes oculten, encubran o intenten disimular el origen, destino o propiedad de dichos recursos, aun cuando participen indirectamente en estas actividades.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es el endurecimiento de penas cuando el delito sea cometido por servidores públicos. En estos casos, las sanciones pueden incrementarse hasta en una mitad, además de contemplar la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo equivalente al de la condena.
El ajuste legal responde a la necesidad de actualizar una legislación que no había sido modificada en más de dos décadas, en un contexto donde el lavado de dinero se ha sofisticado y vinculado a redes delictivas que impactan directamente la economía y la seguridad pública.
De acuerdo con especialistas, el lavado de dinero no solo facilita actividades ilícitas como el narcotráfico o la corrupción, sino que también distorsiona mercados, afecta la competencia económica y debilita las finanzas públicas. A nivel nacional, organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera han señalado que miles de millones de pesos son bloqueados cada año por operaciones sospechosas, lo que refleja la magnitud del problema.
En este contexto, la reforma en Veracruz busca alinearse con estándares nacionales e internacionales en materia de combate a operaciones ilícitas, incorporando herramientas jurídicas que permitan a fiscales y jueces actuar con mayor eficacia frente a esquemas complejos de ocultamiento financiero.
Desde una perspectiva económica, el endurecimiento de sanciones también tiene un efecto preventivo, al enviar una señal de mayor vigilancia y cero tolerancia frente a prácticas que afectan el desarrollo regional. Para un estado como Veracruz, con alta actividad portuaria, comercial y energética, fortalecer el marco legal es clave para garantizar condiciones de confianza para la inversión y el crecimiento económico.
Con esta actualización, Veracruz da un paso relevante en el fortalecimiento de su sistema penal y en la lucha contra delitos financieros, en un escenario donde la transparencia y la legalidad se vuelven factores determinantes para el desarrollo sostenible.